Unas elecciones a la medida de Villar

Villar no reconoce las competencias gubernamentales, pero tampoco una sentencia de la Audiencia Nacional, que en 2009 tumbó los mismos argumentos que ahora vuelve a esgrimir la Federación para desafiar al Ejecutivo. «No puede sostenerse –aseguraba la sentencia– que la Orden impugnada, al regular las normas electorales deportivas, carezca de la habilitación legal o viole el principo de autoorganización».

Hace ahora ocho años, las hostilidades contra Lissavetzky se habían desatado porque éste pretendía obligar a Villar a adelantar las elecciones al no estar clasificada la selección olímpica para los Juegos de Pekín, cosa que no le venía demasiado bien al presidente de la RFEF. Hubo un fuerte tira y afloja, en el que Villar llegó a amenazar con que la FIFA dejara a España fuera de las competiciones internacionales «por sus injerencias» en la reelección presidencial. Aquel pulso, ya se sabe, lo terminó ganando Villar , que a la vuelta del verano aprovechó el éxito de la selección en la Eurocopa para volver a vencer de calle.

Pero la Federación mantuvo sus recursos contra la Orden Ministerial de Lissavetzky, y finalmente la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audencia Nacional dictó una sentencia en la que desarmaba, uno a uno, todos los argumentos de Villar. Los mismos, casi calcados, con los que ha vuelto a impugnar ahora la Orden Ministerial de Cardenal, que salvo varias cuestiones puntuales, es prácticamente la misma que publicaron los socialistas hace ocho años. Tanto entonces como ahora, la Federación solo reconoce la normativa de la FIFA. Pero la Audiencia Nacional fue contundente en 2009 al considerar que «las federaciones deportivas españolas quedarán sometidas a la normativa de aquellas organizaciones internacionales en las que se integren, pero sin desconocer que están, en todo caso sujetas al ordenamiento jurídico nacional, que no podrán infringir».

Sin embargo, la Federación insiste ahora, una vez más, en invocar los Estatutos de la FIFA, según los cuales «no se aplicarán las normas gubernamentales que regulen las elecciones a los órganos de gobierno de una asociación miembro de la FIFA». Una presunta injerencia que, según la Audiencia Nacional, no existe, pues la Ley del Deporte autoriza al ministro a «dictar cuantas normas sean necesarias» para regular los procesos electorales. De hecho, el propio tribunal recuerda que la primera Orden Ministerial data del año 1992, y entonces Villar no la recurrió.

El varapalo judicial sufrido en 2009 no ha desanimado a los dirigentes de la RFEF, que el pasado noviembre presentaron un pliego de alegaciones, al que ha tenido acceso ABC, en el que insisten en que las federaciones son asociaciones privadas que deben organizarse y funcionar «sin injerencias públicas» . Un argumento que ya fue tumbado por la Audiencia, al recordar que «no es lo mismo una asociación deportiva que una federación deportiva», pues a esta última la Ley atribuye el ejercicio de funciones públicas.

Pese a que el CSD ha incorporado algunas de sus alegaciones, como el mantenimiento del porcentaje de electores correspondiente a los árbitros, la Federación ignora las directrices del Ministerio en varios puntos clave, como es el de los posibles recursos. La Orden Ministerial establece el procedimiento para recurrir ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Pero el proyecto de reglamento electoral sostiene que las decisiones de la Comisión Electoral de la RFEF solo serán recurribles ante una Comisión de Apelación cuyas decisiones resultarían firmes e inapelables. Por lo tanto, todo se cocinaría en dos comisiones internas a la medida de Villar.