La Policía estrecha el cerco judicial sobre la cúpula de la Asociación de Futbolistas Españoles

ABC ha tenido acceso a un informe de la Policía Nacional que confirma «indicios más que suficientes» de la «estrecha relación» entre un delegado de la AFE en Alicante, Antonio Cañadas, y un funcionario de la Agencia Tributaria en Elche, Francisco García. Ambos, como Rivas y Aganzo, están imputados en esta causa judicial por cohecho y revelación de secretos, tras la denuncia de varios miembros de la propia AFE acusando a éstos últimos de sobornar con 3.000 euros a ese funcionario a través de familiares directos de Cañadas, que son los que conocerían a ese empleado de la AEAT.

El objetivo era probar que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) había pagado más de 400.000 euros a Futbolistas On , un sindicato que acababa de nacer en 2018 y que, por primera vez, competía con la AFE en las elecciones que se iban a celebrar en mayo de 2019 entre jugadores de Primera y Segunda División. David Aganzo y Diego Rivas ya declararon el pasado mes de diciembre como imputados ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Elche, que investiga esta causa porque es allí donde ocurrieron los hechos.

Una de las diligencias clave era determinar si Cañadas tenía relación o no con ese funcionario, al que la Agencia Tributaria suspendió de su puesto después de que una auditoría interna revelara que fue él quien accedió de forma irregular a esos datos confidenciales de Futbolistas On.

El delegado de la AFE, Antonio Cañadas, negó en su declaración como imputado que contactara con este funcionario de la AEAT para comprar esa información. Sin embargo, el informe de la Policía Nacional al que ha accedido ABC confirma que el entorno familiar de Cañadas mantenía contacto directo y constante con ese funcionario antes y después de que estallara este escándalo.

De entrada, los agentes identifican una conversación «que pudiera ser relevante para la investigación» judicial. Se trata de una llamada desde el teléfono de este funcionario en la Agencia Tributaria a otro que pertenece a una gestoría alicantina cuyos propietarios son el suegro y el cuñado del delegado de la AFE. De hecho, el propio Cañadas era «usuario habitual» de un móvil de esa empresa, como destaca el informe.

Esa llamada, que la Policía cree «relevante», duró un minuto y 42 segundos y se produjo el 22 de febrero de 2019, justo cuando se puso fecha a las elecciones que enfrentaron a la AFE y Futbolistas On. El 7 de marzo, sólo dos semanas después de esa llamada, el funcionario accedió de forma irregular a los datos del nuevo sindicato que empezaba a hacer competencia a AFE. Y, cuatro días después, el 11 de marzo, esa información ya estaba en manos de David Aganzo y Diego Rivas. Así lo reconoció otro responsable de AFE, Antonio Saiz, que en 2020 confesaba públicamente que Aganzo le «obligó mediante diferentes presiones» a participar en esa operación. Éste, sin embargo, lo niega.

El informe policial, fechado el pasado 6 de mayo en Madrid y firmado por la Unidad de Delitos Especiales y Violentos (UDEV), también detalla otras 77 llamadas entre este funcionario y el entorno familiar de este delegado de la AFE en apenas ocho meses, entre febrero y octubre de 2020. A una media de casi diez llamadas mensuale s. La mayoría de ellas, hasta 56, se hacen desde la «empresa vinculada al entorno familiar» de Cañadas al teléfono profesional del funcionario. A cualquier hora, desde las 8.20 a las 19.35. Incluso tres de ellas en pleno agosto .

Las otras 21 llamadas son al revés: es el funcionario el que telefonea al número vinculado a la familia de Cañadas, por ejemplo a las 20.20 horas. Pero estas últimas comunicaciones son de un segundo, por lo que podría tratarse de llamadas perdidas . Y, efectivamente, cruzando las fechas y horas, tras esas llamadas perdidas del funcionario al entorno del delegado de la AFE, desde éste se ponen en contacto con él de inmediato para hablar durante varios minutos.

Así, la Policía concluye que este funcionario de la Agencia Tributaria ha mantenido «contacto de forma habitual y continua» con el círculo íntimo del delegado de la AFE. Y considera que hay «indicios más que suficientes para poder constatar la estrecha relación existente entre ambas partes». Añade que esa relación entre el funcionario y el entorno del representante de la AFE se mantuvo «tanto en el periodo en que se cometen los hechos investigados», a principios de 2019, «como con posterioridad», ya en 2020 con el caso en los tribunales y en los medios.

El juzgado ilicitano tiene todavía margen hasta después del verano para seguir investigando antes de decidir si abre juicio oral y procesa a los ahora imputados o, por el contrario, archiva la causa contra todos o varios de ellos.