Los 'whatsapps' de la SGAE que revelan pagos de directivos a la trama de los votos falsos

Septiembre de 2020. Sabino Méndez, ex de Loquillo y los Trogloditas y actual miembro del Consejo de Dirección, crea el grupo de WhatsApp 'Reconstruir SGAE'. «Bienvenidos al grupo [...] donde estamos los 16 de la candidatura», saluda en el primero de una serie de mensajes que este diario ha podido leer. Se refiere a la lista de 16 candidatos al colegio que agrupa a compositores y letristas que, formalmente, se presentaron a las elecciones de octubre de 2020 de manera individual, pero en la práctica lo hicieron agrupados. Así evitaron que les aplicaran la ley D'Hondt, para sacar mejores resultados.

Dos días después de la creación del grupo, es Juan José Solana, presidente de la SGAE, quien toma la palabra: «Tenemos que poner en marcha la oficina electoral ya. Para ello, tras los cálculos oportunos, como ya hablamos días atrás, hace falta que cada uno contribuya con la cantidad de 250€, que sumado a lo que aportarán el resto de 'partners' (las listas de AV [Audiovisual] y GD [Gran Derecho]) servirá para cubrir los honorarios de los que nos van a llevar la campaña (llamadas telefónicas insistentes, seguimiento, recogedores de sobres, etc.)».

Solana, a propuesta de candidatos como Josemi Carmona o Juan Parrilla, se convierte entonces en el «recolectador [sic] de dicha pasta»: «Vale, vale, pues enviad el dinero (el jurdó para los calés...) a mi nombre. [...] Dejad claro quién lo manda y, en cuanto al concepto, podéis poner 'Regalo presidente' o algo así». De la campaña se encargaría «una empresa con la que ya hemos trabajado en anteriores ocasiones y que también se ha encargado y se encargará de los temas de la asamblea de SGAE», un equipo «formado alrededor de Mónica... [...] una mujer que ha trabajado en SGAE y es experta en comunicación». Todos accedieron a pagar, como confirman otros 'whatsapps' .

Esta Mónica, aclaran varias fuentes, es Mónica Morales de Setién, exsecretaria de García-Pelayo y el instrumento que el director institucional de la SGAE habría utilizado para la trama de falsificación de votos por el que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias, tras recibir una querella del ex secretario general, Eduardo Ezpondaburu. Esta denuncia se basa en el informe que Ezpondaburu hizo antes de que lo despidieran, tras detectar que una persona relacionada con García-Pelayo entregó 32 delegaciones de votos falsos para la asamblea de junio de 2021. Estas falsificaciones afectaban a más de mil votos computables, suficientes para decidir el sentido de una votación. En su querella, a la que se ha adherido la Fiscalía, Ezpondaburu extiende las sospechas de corrupción a tres asambleas celebradas en 2020 y apunta también a las elecciones de octubre.

La SGAE había denunciado estos hechos también en julio del año pasado, tras el aviso del ex secretario general, y a esto ha venido agarrándose el presidente de la SGAE, Antonio Onetti, estos meses: «Además de la denuncia se inició una investigación interna por el responsable de Compliance. Se han puesto en práctica». Según Onetti, la mayoría de la Junta Directiva dictaminó que el informe de Ezpondaburu no aportaba pruebas. Tras el escrito del fiscal, lo previsible es que la juez abra una investigación formal los próximos días.

Entre los señalados por el ex secretario general están el propio Onetti, y el director general, Adrián Restrepo, por utilizar «la estructura de la presunta falsificación de votos para manipular la vida societaria», e Iván García-Pelayo, por instaurar «una presunta red [...] dentro de la SGAE [...], para lo cual utilizaba al hijo de su antigua secretaria Mónica Morales de Setién, y sus amigos, a la hora de presentar las delegaciones de voto falsificadas en la SGAE, y utilizaba empresas interpuestas para facturar sus servicios».

Todo esto es lo que está detrás de la denuncia que hizo Pablo Salinas en la asamblea de junio: el miembro de la Junta Directiva dijo que en las elecciones de 2018 los miembros del Colegio de Pequeño Derecho tuvieron que pagar 800 euros para salir elegidos, y señaló a García-Pelayo. Sabino Méndez respondió que los miembros de su colegio ni conocían a García-Pelayo ni habían pagado esas cantidades. Onetti aseguró que el Colegio de Gran Derecho jamás había pagado nada para entrar en la Junta Directiva.

Tras estas polémicas declaraciones, Salinas fue relevado del Consejo de Dirección y 32 de los 37 miembros de la Junta Directiva negaron en un comunicado que hubieran sido designados a dedo o que tuvieran que pagar para obtenerlo. Entre ellos, miembros del grupo de WhatsApp como Sabino Méndez, Merche o Virginia Maestro. Cierto es que en ese grupo nunca se dijo que esos 250 euros les garantizaran salir elegidos, y de hecho los candidatos se implicaron en sus campañas, pero algunas fuentes apuntan que esta lista era la pactada por los colegios de audiovisual y editores, los que más peso tienen. Salieron elegidos 14 de los 16 candidatos.

Lo que los mensajes de este grupo revelan también es la posible existencia de un fraude electoral. En las elecciones de 2020 hubo varias denuncias sobre la existencia de agrupaciones de candidatos que se presentaron como candidatos individuales, entre ellas la de Pequeño Derecho. Aunque la Comisión Electoral de la SGAE desestimó las impugnaciones, en los mensajes de este grupo queda claro que iban todos a una. «Por favor, hay que dejar de decir que somos una candidatura, ¡nos pueden aplicar la ley D'Hondt!», dice, por ejemplo, Juan Parrilla. Sabino Méndez, en cambio, lo negó en la última asamblea: «De los que han sido elegidos como miembros de Pequeño Derecho, muchos no iban juntos. Unos eran de una lista, otros de otra. No eran listas porque no las había».

Con la SGAE de nuevo abierta en canal, a las puertas de un escándalo judicial, el Ministerio de Cultura ya ha requerido a la entidad que aclare lo que está ocurriendo.