Urtasun retira el decreto que regula la inteligencia artificial, incapaz de gestionar la división del sector cultural

Tras concluir el periodo de alegaciones del decreto, el ministro de Cultura se ha encontrado con una división dentro del propio sector de la cultura y con fuertes presiones por parte de las grandes empresas tecnológicas, que se niegan por sistema a pagar ningún tipo de canon o licencia para entrenar a sus máquinas. Estas presiones de las grandes compañías se han dirigido más hacia Moncloa, donde Pedro Sánchez ha fijado como prioridad avanzar en el ámbito de la IA, que hacia el Ministerio de Cultura. Fuentes del sector consultadas, que sí reconocen la disposición inicial de Urtasun a defender los intereses de los creadores en materia de derechos de autor, lamentan en cambio que este parón beneficia a Microsoft, Google, Meta, Amazon y compañía. «Son los que están más contentos».

El Ministerio de Cultura se limita a asegurar en el comunicado que su objetivo ha sido «siempre» el de proteger el trabajo de los creadores «ante la vulneración de sus derechos» y que la IA «plantea retos que requieren de las administraciones nuevas respuestas jurídicas y legales, aún por construir». Cultura abrió el proyecto a consulta pública y el plazo terminó el 10 de diciembre, con alrededor de 1.200 escritos, un volumen difícil de digerir. «Una vez analizadas las aportaciones recibidas, y ante la falta de consenso por parte del sector cultural, el Ministerio de Cultura ha decidido retirar la tramitación del real decreto». Urtasun abrirá ahora «un proceso de diálogo con el sector cultural» con el objetivo de «buscar la mejor manera de abordar los retos que representa la IA generativa», añade la nota.

¿Por qué no hizo Urtasun este diálogo antes de lanzar el proyecto? Fuentes consultadas reprochan al ministerio poca pedagogía a la hora de afrontar una cuestión tan divisiva. Muchas asociaciones ni siquiera fueron notificadas de que se había publicado el decreto. Con la retirada del texto, el ministro renuncia también a mantener ese «proceso de diálogo» tras la presentación de alegaciones, que para eso se abren estos procesos. Algunas fuentes apuntan a que había asociaciones dispuestas a concentrarse frente al ministerio, y Urtasun ha preferido esquivar esa foto. Otras señalan que esta cuestión es mejor regularla a través de un decreto ley... Sobre estos temas el Ministerio de Cultura no se ha pronunciado.

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Daniel Caballero

Lo que provocó esta polvareda fue la figura elegida en el decreto para regular los derechos de autor: la licencia colectiva ampliada, que se usa en los países nórdicos y permite a las entidades de gestión colectiva otorgar licencias por el uso y explotación de las obras de su repertorio y -aquí la novedad- de las que no están en su repertorio. El Gobierno apostó por estas licencias cuando se dio cuenta de que para desarrollar ALIA -la IA generativa española- no solo iba a necesitar trabajar con el corpus de la Biblioteca Nacional de España, sino también los contenidos publicados en internet. A los autores que se opusieran a este uso de sus creaciones se les reservaba la facultad de renunciar a título individual cuando antes era al revés: había que negociar con ellos.

De este modo, las entidades de gestión, junto con Cultura, pretendían sentar un precedente: que para explotar las creaciones editoriales, musicales o audiovisuales sea necesaria la licencia previa, algo que las grandes tecnológicas rechazan de plano. Estas compañías se remiten a que el artículo 4 de la directiva europea de derechos de autor, de 2019, permite la «minería de datos» con fines de investigación. Pero desde el sector tienen claro que los textos, las canciones, las ilustraciones o las voces que las IA ya son capaces de generar no tienen nada que ver con esa excepción: «Han construido sistemas sobre bases de datos piratas».

«El uso de contenidos para entrenamiento de IA y explotación debe licenciarse. Sin licencia, nada», defiende Antonio Fernández, presidente de Adepi, que agrupa a varias entidades de gestión colectiva. Pero dentro de Adepi las posturas están divididas. Antonio Guisasola, de Agedi (productores de música) se opone a las licencias colectivas. A su juicio, lo más razonable es que «cada uno decida lo que quiere licenciar o no». Cristina Perpiñá-Robert, de SGAE (música, audiovisual y teatro), sí estaba más de acuerdo con las licencias colectivas y espera que esta retirada no sea una «suspensión». Rafael Sánchez, de Egeda (productores audiovisuales) prefiere no decantarse aún porque no ve el escenario «claro». En el sector de los periódicos unos prefieren negociar por su cuenta y otros de manera colectiva. Y fuera de estas entidades hay asociaciones autorales que no están de acuerdo con las licencias de uso masivo ni con que no se tenga en cuenta el pirateo ya hecho. De todos modos, Eva Moraga, que hace las veces de portavoz, no tiene claro que retirar el decreto sea la mejor opción: «Estamos a la espera de ver en qué se concreta ese diálogo».

Habrá que ver si Cultura efectivamente convoca a los afectados o, por el contrario, congela el decreto. Mientras tanto, ALIA ya está en la calle. ¿Cómo la han hecho?, se preguntan en el sector. ¿No habrá cogido la IA estatal también contenidos protegidos? Este periódico ha planteado estas cuestiones al Ministerio de Transformación Digital, pero la respuesta ha sido el silencio.