El coste de prohibir los toros dispara la ruina catalana

Tal como publicó ABC, el empresariado taurino catalán calcula unas pérdidas anuales de 30 millones de euros durante diez años, es decir, unos 300 millones de euros que saldrán del bolsillo del ciudadano. La ley, que entrará en vigor en enero de 2012 —la de este año será la última temporada taurina en Cataluña—, incluye la obligación para el ejecutivo catalán de «determinar la compensación económica» a los «titulares de derechos subjetivos» afectados por la modificación de la ley de protección de los animales, aprobada con los votos de ERC, ICV y el mayoritario de CiU —que dio libertad a sus diputados—, mientras que PP, Ciutadans y buena parte del PSC —donde también hubo libertad de voto— se opusieron a la misma.

Esas compensaciones deben figurar ya en el presupuesto de la Generalitat de 2012. Como se sabe, el nuevo gobierno de CiU está inmerso en una frenética labor de enjuagar su déficit, al que ahora se añade la considerable cifra de indemnizaciones que contempla la normativa catalana, algo que, por ejemplo, no ocurre con la ley antitabaco aprobada por el Gobierno español.

El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, estudia proponer en la Cámara catalana la suspensión de la aplicación de la ley, atendiendo a la precaria situación de las finanzas catalanas. Fuentes de este partido precisaron que el objetivo de su líder nunca ha sido centrar el debate en el asunto económico, sino en el de las libertades, pero la situación económica actual justifica este intento de suspender la polémica ley abolicionista, aprobada a raíz de una iniciativa legislativa popular de una plataforma antitaurina.

Ciutadans ha mantenido reuniones recientes con representantes del sector taurino para organizar un acto reivindicativo de la Fiesta.