El tripartito balear reconoce que su intención de prohibir los toros puede verse afectada por la resolución del TC

Cabe recordar que el tripartito que preside la socialista Francina Armengol ha puesto en marcha hasta ahora dos iniciativas contra la Fiesta en Baleares, una ya aprobada en febrero y otra que todavía está en trámite parlamentario y que se tenía que validar ya este mismo otoño.

Hace ocho meses, la Cámara autonómica aprobó una proposición no de ley relativa a la prohibición de los espectáculos taurinos en todas sus formas y a la supresión de cualquier ayuda pública para estos eventos. La moción contó con los votos a favor del PSOE, MÉS y Podemos. Dicha proposición también instaba a prohibir cualquier espectáculo que cause sufrimiento a un animal.

Por lo que respecta a la iniciativa parlamentaria antitaurina que se está tramitando ahora, se trata de una reforma de la Ley de protección de los animales que viven en el entorno humano, conocida coloquialmente como Ley de Bienestar Animal, que fue aprobada por el PP en 1992. En caso de que dicha ley se modificase finalmente en los términos propuestos por el tripartito, supondría en la práctica la prohibición de las corridas de toros en las Islas y también la supresión de espectáculos como el centenario «correbou» —«encierro»— del municipio mallorquín de Fornalutx.

Sin embargo, la inminente resolución del Tribunal Constitucional sobre los toros en Cataluña podría suponer un contratiempo importante, cuyo alcance aún no se puede calibrar ahora, para que el tripartito pueda seguir adelante con la modificación de la Ley de Bienestar Animal. En este contexto, cabe recordar que el pasado mes de julio el Gobierno central se había puesto ya en contacto con el Ejecutivo regional para advertirle de que no tiene competencias para prohibir los festejos taurinos.

En el escrito enviado a la Consejería de Presidencia por la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, se recordaba al Gobierno balear que las corridas de toros están protegidas en toda España por una ley de carácter estatal.

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo isleño, la socialista Pilar Costa, indicó entonces que la intención del Govern en relación a la modificación de la Ley de Bienestar Animal era que «antes de que se continúe con la tramitación parlamentaria o se llegue a su aprobación definitiva en el pleno, se puedan hacer las modificaciones oportunas a fin de que se cumpla de forma estricta la legalidad».