El PP pide al Gobierno que explique las «posibles irregularidades» en las oposiciones a conservadores de museos

«¿Considera el Gobierno excepcional que este último proceso selectivo haya dejado desiertas 31 plazas?», pregunta el PP. «¿Qué medidas de revisión o compensatorias tomará el Ministerio de Cultura?». Como ha avanzado hoy este diario, una veintena de opositores envió hace una semana una queja formal al Ministerio de Cultura por «irregularidades» y «falta de transparencia» en el proceso selectivo correspondiente a los años 2023-2024, que concluyó en octubre. Por segundo año consecutivo, el número de vacantes se ha situado en torno al 40 por ciento, muy por encima del 5-8 por ciento registrado en convocatorias anteriores.

En el escrito, los aspirantes denunciaban tribunales constituidos sin presidente ni secretario, falta de transparencia y vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Al menos una docena de ellos han ido más allá de la carta inicial y han presentado recursos de alzada. En su iniciativa parlamentaria, el PP pregunta al Gobierno qué medidas de revisión o compensación piensa adoptar ante estas reclamaciones, al entender que podrían haberse vulnerado preceptos de la Ley 40/2015 y del Real Decreto 364/1995.

El principal partido de la oposición recuerda que la OEP de este año prevé unas 20 plazas para conservadores de museos, y por ello quiere que el Ministerio de Cultura explique si «considera excepcional que este último proceso selectivo haya dejado desiertas 31 plazas». En la convocatoria de 2020, 2021 y 2022 ya ocurrió algo similar, pues solo se cubrieron 45 plazas de un total de 74, con un 39,2 por ciento de vacantes. En las tres convocatorias anteriores (2016-2019) el número de vacantes se movía entre el 5 y el 8 por ciento.

Teniendo en cuenta la escasez crónica de personal que sufre el Ministerio de Cultura, los populares preguntan ahora a la Secretaría de Estado de Función Pública si se plantea incorporar a la OEP de 2025 todas las plazas que quedaron desiertas en las dos últimas convocatorias. Por último, el PP quiere saber si esta situación afecta a la planificación de recursos humanos, a la prestación de servicios públicos en los museos estatales y al cumplimiento de la tasa de reposición, «dada la avanzada edad media de parte del funcionariado del Ministerio de Cultura».

Según ha podido saber ABC, después de tres semanas en las que la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes había evitado responder a las reclamaciones de los opositores, este jueves –coincidiendo con la publicación de la información en este periódico– las cosas han empezado a moverse. Al mediodía, los aspirantes a conservadores han comenzado a recibir el detalle de las notas de sus pruebas, aunque el contenido de esos correos «demuestra que no disponen de las actas de las lecturas ante el tribunal», según comenta una persona implicada en el proceso.

Algunos aspirantes han recibido breves comentarios sobre sus exámenes (sin incluir los criterios de corrección), mientras que otros solo han podido conocer la calificación numérica de cada parte, sin más información. En esos correos electrónicos se incluyen los nombres de los miembros de los tribunales calificadores, pero también se aprecian errores: en la mayoría de los casos figuran solo cuatro nombres –cuando por ley deberían ser cinco– y con cargos que no coinciden con los establecidos en la convocatoria.

Podría decirse que Cultura está confirmando por escrito las irregularidades denunciadas por estos opositores. Lo que el ministerio no ha enviado, de momento, son las actas solicitadas.

Crece la presión sobre el ministro Ernest Urtasun, que ya afronta exigencias de explicaciones por la vía administrativa y por la vía política. Su departamento de comunicación, mientras tanto, ha optado por guardar silencio, como suele hacer cada vez que se enfrenta a una información que se sale de su agenda.