Contrabando de antigüedades en Grecia: la red oculta tras una poderosa familia naviera

Fruto de la relación, y gracias a la combinación del ojo experto de uno de ellos —capaz de identificar piezas falsas o de gran valor artístico con solo un vistazo—, el conocimiento empresarial del otro, unido a la capacidad financiera de su hermana Déspina Papadimitríu, nació una de las redes de contrabando de antigüedades más importante del mundo.

La cartera de clientes de Symes y Michaelides incluía a destacados coleccionistas como el matrimonio formado por Leon Levy y Shelby White, Michael Steinhardt o Leonard Stern, además de prestigiosas instituciones como el Museo Metropolitano de Nueva York o el Miho de Tokio. Symes mantenía una estrecha relación con comisarios y conservadores de los museos más importantes del mundo.

El negocio prosperaba: Symes y Michaelides adquirieron propiedades en Nueva York, Atenas y Londres. Pasaban parte del año en la villa familiar de Michaelides, en la isla de Esquinusa (Archipiélago de las Cícladas), rodeados de coleccionistas de antigüedades y figuras destacadas del mundo de las artes, como Marion True, curadora del Museo Paul Getty de Los Ángeles. Se sospecha que en Esquinusa se formalizaron numerosos acuerdos de compraventa ilícita de antigüedades. Aunque los clientes intuían que las piezas vendidas por Symes y Michaelides carecían de un origen conocido, no hicieron ningún esfuerzo por investigar su procedencia.

La historia de los dos contrabandistas se truncó en julio de 1999, cuando Michaelides falleció en un accidente durante una cena en la residencia italiana de Levy y White. Tras su fallecimiento, sus familiares reclamaron a Symes el 50% de las empresas, la mayoría registradas a nombre del británico.

Después de años de litigios en los tribunales de Reino Unido y gracias al trabajo de varios detectives privados contratados por la familia de Michaelides, los Papadimitríu presentaron pruebas contundentes que demostraban que Déspina Papadimitríu había sido socia capitalista en los negocios de la pareja.

Para eludir las reclamaciones de los Papadimitríu y sus albaceas, Symes trasladó se trasladó a Suiza en 2003. También tenía guardadas cerca de 17.000 antigüedades en varios almacenes repartidos por todo el mundo, algunos ubicados de ellos ubicados en el Puerto Franco de Ginebra.

Los detectives privados lograron localizar varios de estos almacenes y, tras la intervención de las autoridades italianas y griegas, muchos objetos ilícitos fueron devueltos a sus países de origen. En 2016, se encontró un nuevo almacén en Suiza en el que se encontraron, entro otros objetos, 45 cajas llenas de antigüedades romanas y etruscas, además de dos sarcófagos etruscos del siglo II a.C. y varios mosaicos y frescos que habían sido arrancados de Pompeya que fueron devueltos a Italia. En 2023, después de 17 años de reclamaciones, Grecia logró repatriar un total de 351 piezas arqueológicas que datan desde el Neolítico hasta el periodo bizantino. El medallón visigodo de plata devuelto a España por la fiscalía de Nueva York el pasado mes de marzo, también pasó por las manos de Symes.

Cuando Symes falleció en septiembre de 2023, se llevó a la tumba uno de los secretos mejor guardados: la ubicación de los demás almacenes donde escondía las antigüedades que las autoridades no habían podido encontrar.

La victoria contra Symes no puso fin a las batallas judiciales de los Papadimitríu: en abril de 2006, tras un chivatazo, las autoridades helenas pusieron en marcha la 'Operación Eolos'. En Esquinusa y en dos inmuebles en Atenas propiedad de los Papadimitríu, la policía encontró 152 objetos, de los cuales 69 estaban protegidos por la ley de patrimonio cultural helena.

El hallazgo más revelador, sin embargo, tuvo lugar en la despensa de la cocina del guardián de la villa, donde entre botes de espaguetis y macarrones, las autoridades descubrieron 17 álbumes de piel que contenían más de 2.000 fotografías de 1.315 objetos arqueológicos. Según consta en la sentencia del juicio a los Papadimitríu, estos álbumes eran «su herramienta de trabajo»: el catálogo de antigüedades que Symes y Michaelides utilizaban en sus transacciones comerciales. En muchas de las imágenes del álbum, los objetos aparecían con restos de tierra, lo que evidencia que habían sido extraídos en excavaciones arqueológicas ilegales. El arqueólogo experto en tráfico ilícito de antigüedades, Christos Tsirogiannis, quien, además, estuvo presente en las redadas realizadas en los inmuebles de los Papadimitríu en 2006, ha conseguido identificar 805 piezas de los álbumes, algunas de ellas se encuentran en colecciones privadas y museos de todo el mundo.

El juicio a los Papadimitríu comenzó doce años después de la operación Eolos. En el año 2018, Déspina y su hijo Dimitris, dos de los miembros de la familia, fueron condenados a una pena de prisión suspendida de cuatro años y pagar una multa de 5.000 euros. No obstante, en 2022 un tribunal de apelación anuló la sentencia y declaró inocentes a los acusados al considerar que «no se había probado más allá de toda duda que sabían que las antigüedades confiscadas pertenecían al Estado griego».

Disconforme con la absolución, el Estado griego interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el cual dictaminó que la decisión absolutoria del tribunal de apelaciones había sido errónea en su fundamentación, al no argumentar por qué concluyeron que los acusados ignoraban la propiedad estatal de los bienes hallados en su posesión, «a pesar de que múltiples pruebas indicaban lo contrario», explica a ABC Christos Poulakos, abogado del estado y responsable del caso desde diciembre de 2024. «Estas personas tenían un conocimiento profundo, una gran familiaridad con las antigüedades y, además, estaban involucradas económicamente: tomaban decisiones de inversión, participaban en planes y transacciones con interés económico en el mercado de antigüedades».

El pasado diciembre el caso pasó a manos del Tribunal de Apelaciones de Delitos Graves. El pasado 25 de abril, y tras varios retrasos en el proceso, Dimitris Papadimitríu alegó entre lágrimas ante el tribunal que no sabía que los bienes encontrados por la policía en sus propiedades pertenecían al Estado. Sin embargo no consiguió convencer al tribunal: han sido condenados a una pena suspendida de tres años y seis meses de prisión por apropiación indebida de antigüedades.

El pasado marzo, durante una nueva redada en las inmuebles que la familia de armadores tiene en Atenas y Esquinusa, la policía encontró varios iconos bizantinos que también estarían protegidos por la ley de patrimonio, lo que podría abrir una nueva causa penal contra los Papadimitríu.