Un tribunal avala la incautación de un Picasso de Jaime Botín

Botín cuestionaba toda la actuación, que culminó el 11 de agosto del año pasado cuando el cuadro, valorado en 25 millones de euros, fue depositado en el Museo Reina Sofía de Madrid por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras haber sido interceptado once días antes en un barco amarrado en el puerto de Calvin (Córcega).

De hecho, la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación, subraya que en todo el proceso «no se aprecia vía de hecho ni irregularidad en la actuación realizada, que se ha llevado a cabo para evitar la salida del cuadro de España ante la inminencia de ello».

Porque, además, cuando lo encontraron en el puerto, el cuadro estaba embalado y preparado para su salida ilegal a Suiza, tal y como se pudo constatar en los informes y fotografías aportados por los investigadores, añade la sentencia.

La historia del cuadro tiene su origen en la petición que realizó el 13 de diciembre de 2012 la firma de subastas Christie's Ibérica a la Secretaría de Estado de Cultura para la exportación definitiva de la obra a Londres en nombre de Botín, «dueño de pleno de dominio» de la pintura.

Pocos días después, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español acordó denegar la autorización al «no existir una obra semejante en el territorio español», ya que se trataba de «una de las pocas realizadas por su autor dentro del denominado periodo Gósol».

La Junta encargó entonces a una de sus vocales, la conservadora jefe de Pintura y Dibujo 1881-1939 del Museo Reina Sofía, un informe sobre la pieza, en el que destacó su «excepcional importancia».

Además, ponía de manifiesto que el hermano del fallecido Emilio Botín la adquirió en enero de 1977, procedente de la Marlborough Fine Art de Londres con destino a su colección particular en España. El director general de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas de España denegó no solo el permiso, sino que emplazó a la autoridad competente a que la declarara obra bien de interés cultural.

Cuando se le notificó la decisión, Botín comunicó al Ministerio que la solicitud de la casa de subastas contenía «varios errores», puesto que la obra ni se encontraba en territorio español ni era de su «propiedad directa», sino de la sociedad panameña -de la que es accionista mayoritario- Euroshipping Charter Company, por lo que reclamó que no se tuviera por presentada la petición de Christies's. De hecho, fue esa sociedad la que interpuso el recurso contra la resolución del departamento de Cultura que desestimó la Audiencia Nacional.

En su fallo, la Audiencia aclaraba que la ubicación del cuadro en España -estaba en el puerto de Valencia- en la fecha de la solicitud de exportación determina la competencia de las autoridades culturales españolas, tanto por las normas protectoras del patrimonio histórico-artístico como por el Convenio de Derecho del Mar de 1982.

A pesar de las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Nacional que imposibilitaban la salida del cuadro de las fronteras españolas, se perdió la pista del barco fondeado en Valencia.

Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se solicitó a la UCO que investigara la ubicación del buque. Estas investigaciones llevaron a su localización en Córcega y fue interceptado por el servicio de Aduanas francés. Agentes de la UCO se trasladaron allí y lo trajeron a España, mientras prosigue la investigación sobre un posible delito de contrabando.