El juez atribuye a cinco de los detenidos delitos penados con hasta diez años

A la vista de los datos aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de los interrogatorios, el magistrado cree que los directivos de la SGAE Eduardo Bautista (presidente), Ricardo Azcoaga (director económico) y Enrique Loras (director general), así como dos de los detenidos vinculados a la empresa Microgénesis — Celedonio Martín y Elena Vázquez — podrían haber cometido los delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta . Al presidente de la SGAE le imputa también un delito societario y a Vázquez, máxima accionista de Microgénesis y esposa de Rafael Ramos, también detenido, otro de alzamiento de bienes. Las penas podrían sumar entre 10 y 14 años de prisión.

Pese a la gravedad de los delitos y las elevadas penas que llevan aparejadas, el magistrado no impuso fianza a ninguno de los imputados al no solicitar el fiscal José Miguel Alonso ninguna medida cautelar. Los dos autos dictados ayer especifican que existe una «escasa probabilidad de riesgo de que se sustraigan a la acción de la Justicia» dadas «sus particulares circunstancias de arraigo en España».

Según el auto dictado ayer por el juez Ruz, la investigación de Anticorrupción arrancó a raíz de una denuncia formulada en noviembre de 2007 ante la propia Fiscalía por la Asociación de Internautas y por la Asociación de Usuarios de Internet . En la misma, se refiere la posibilidad de «enriquecimiento injusto de directivos de la SGAE» y la «supuesta comisión de delitos de apropiación indebida, estafa, e incluso fraude de subvenciones». Además, se apunta la culpa subsidiaria del Ministerio de Cultura por ser el fiscalizador de este tipo de asociaciones.

La denuncia se puso en manos de la Audiencia Nacional en marzo de 2010, fecha en la que ya se acordó la imputación de varios directivos de la SGAE. Esa circunstancia no les fue comunicada porque se decretó el secreto de la causa, motivado por el inicio de las escuchas telefónicas a los sospechosos, como ya informó ABC.

En esas mismas fechas comenzaron a practicarse diversas diligencias que culminaron con los 16 registros practicados el viernes, el bloqueo de cuentas, la «prohibición de disponer de propiedades mobiliarias e inmobiliarias» de determinados imputados y la detención de nueve personas.

De los nueve arrestados, solo cinco pasaron ayer a disposición judicial. Bautista, Ricardo Azcoaga, Enrique Loras, Celedonio Martín y Elena Vázquez fueron conducidos desde primera hora de la mañana a la sede de la Audiencia Nacional, donde el juez Ruz empezó a tomarles declaración a partir del mediodía, después de leer el atestado de la UCO. Los tres primeros abandonaron el edificio pasadas las siete de la tarde, eludiendo a los periodistas y visiblemente desmejorados, sobre todo en el caso del presidente de la SGAE . Un vehículo de alta gama con las lunas tintadas les esperaba en la calle Génova. En dependencias judiciales permanecieron Martín y Vázquez hasta las nueve de la noche aproximadamente. A esa hora se marcharon los seis funcionarios del Juzgado Central de Instrucción 5, que ayer trabajaron «a destajo» y gratis puesto que no estaban de guardia.

El juez Ruz considera que todos ellos podrían haber cometido un delito continuado de apropiación indebida «de especial gravedad atendido el valor de la defraudación» —aunque no especifica la cuantía— y penado con hasta seis años de cárcel, así como un delito de administración fraudulenta que se castiga con hasta cuatro años de prisión. Bautista podría ser responsable, además, de un delito societario, penado con hasta 12 meses multa y consistente en la «negativa o impedimento a socios del ejercicio de los derechos de información y participación». A Vázquez el juez le atribuye también el delito de alzamiento de bienes-insolvencia punible, castigado con hasta cuatro años de prisión.

Nada más conocerse la puesta en libertad de sus directivos, la SGAE emitió un comunicado en el que señala que «en el caso de que se demuestre que la entidad ha sufrido algún perjuicio por parte de los proveedores contratados por el área de informática, adoptará las medidas legales oportunas y reclamará daños y perjuicios de aquellos». Los autores y editores expresan su solidaridad con las familias del presidente y de los directores que «han sido puestos en libertad sin ningún tipo de medidas preventivas, ni fianza», dicen. El comunicado obvia las obligaciones que les impone el juez —prohibición de salir de España, retirada de pasaporte y localización de domicilio y teléfono—.

Hoy el juez Ruz tomará declaración a los otros cuatro detenidos: José Luis Rodríguez Neri , director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) y ex directivo de Microgénesis, a quien se sitúa en el centro de la trama de fraude y desvío de fondos; a su mujer y a su cuñada, así como a Rafael Ramos , actual administrador de Microgénesis.