La SGAE afirma que la retirada del repertorio de las multinacionales crea una «alarma innecesaria»

Según ha informado hoy a Efe la Sociedad General de Autores y Editores tras el anuncio hecho ayer por estas editoriales musicales, la entidad está analizando si esta petición cumple con los «requisitos legalmente exigidos para que tenga efecto su salida a partir del 1 de enero de 2019», tal y como lo han solicitado.

«Este tipo de actuaciones, más allá de pretender crear una alarma innecesaria y con ello un daño al trabajo que desarrolla la SGAE por y para sus socios, suponen un intento de debilitamiento de lo que es la gestión colectiva de los derechos de autor», han afirmado.

Según confirmó ayer a Efe Rafael Aguilar , presidente de Peermusic para la región latina, esta retirada supone el 85-90% de lo que se «escucha en las radios y televisiones españolas» y cuyos derechos editoriales suponen para la SGAE una recaudación de 30 millones de euros, es decir, el 40% de los derechos de autor recaudados por la SGAE.

Entre los artistas que se enmarcan en este repertorio estarían nombres como Celine Dion, Buena Vista Social Club, Juanes, Lady Gaga, Radiohead o David Foster.

De llevarse a efecto la medida, según han añadido desde la SGAE, se «dificultará que los usuarios de derechos accedan a una licencia de explotación de obras de forma sencilla y con tarifas razonables, y a que los autores puedan recibir una compensación por el uso de sus obras».

«Dado el contenido de las notificaciones, su alcance y los antecedentes de las mismas -añade la SGAE- hay que enmarcarlas en una actuación estratégica , dentro de las medidas de presión que han sometido a esta entidad desde su salida de los órganos de gobierno en cumplimiento de una sentencia judicial».

Se refieren al cese de su junta directiva que ordenó en diciembre del pasado año de Juan Ignacio Alonso de la entidad EMI Songs España S.L., Santiago Menéndez Pidal de Ediciones Warner Bross S.A. y Rafael Aguilar de Peer Music Española S.L., en cumplimiento de una sentencia emitida por un juzgado de Madrid.

«No es la primera vez que estas editoriales adoptan una medida similar, la última fue en el año 2016 y finalmente no llegó a tener efecto», han concluido.