Onetti: «Afrontaremos lo que tengamos que afrontar para sanear la SGAE. Contemplamos todas las posibilidades»

—¿Por qué han optado por que el nuevo coeficiente lo determine una empresa externa?

—No es una empresa cualquiera, es la que hace todos los estudios de audiencias de publicidad de España, por la que se rigen las televisiones. Esta modificación viene dada por la resolución del Ministerio de Cultura en la que nos levantaba el apercibimiento de retirada de licencia. El sistema, antes, daba unas cantidades por franja, pasara lo que pasara. Ahora, en una misma franja, si se pone una obra en una cadena y en otra, y hay distintas audiencias, generará más derechos la que tiene más audiencia y, por lo tanto, más ingresos publicitarios. Es lo que pasa en las demás líneas de recaudación. En la televisión se han producido una serie de fenómenos particulares que han hecho que parezca normal lo que no es normal.

—Una sentencia reciente ha obligado a la SGAE a reintegrar al pasivo 10 millones de euros que se pasaron de manera irregular al activo. ¿Por qué no lo han incluido en el orden del día?

—Porque no nos ha dado tiempo a estudiarlo convenientemente. Esta sentencia se puede apelar y lo estamos estudiando. La sentencia solo entra en cuestiones formales, no en la cuestión de fondo. No conocemos a ciencia cierta el origen de esos 10 millones de euros. Aparecieron en el año 2018 como apunte contable. Se hizo un estudio para intentar averiguar de dónde salían y no se ha encontrado su origen. Para que ese dinero se pueda repartir, tienes que saber a quién se lo repartes y cuándo se generaron los derechos. Por eso en 2020 Pilar Jurado propuso a la asamblea que eso pasara al patrimonio de la SGAE y que así fuera de todos los autores. La sentencia entra en cuestiones formales: que no se informó debidamente, que el punto que se votó era confuso, que se hablaba de un informe que luego no existía... pero en ningún momento dice que el hecho fuera irregular. Lo que hace es anular la decisión que se tomó en la asamblea.

—La primera consecuencia de esas sentencia es que, según las cuentas de 2020, el patrimonio neto negativo de la SGAE crece hasta los 47 millones de euros, y hay un fondo de maniobra negativo de 88 millones de euros. En términos contables, se habla de falta de viabilidad. ¿No es una situación preocupante?

—Yo entiendo que sí. Mire, para empezar, dos terceras partes del patrimonio neto negativo son provisiones de fondos por si tenemos que abonar una serie de cuestiones derivadas de alzas fiscales de Hacienda. Segundo, las entidades tenemos un mecanismo estatutario y, en función de las necesidades, hace que salte el descuento la administración. El problema es que aquí nosotros estamos asumiendo problemas a los que antes se había dado la patada. Y hemos tomado medidas que eran abiertamente impopulares y que nadie sabía cómo debía tomar, como suspender el anticipo o subir el descuento de administración. Nosotros tenemos un plan que se está cumpliendo. Este 2021 ha sido muy bueno para estas cuestiones y en tres años creo que podemos tener la casa perfectamente saneada.

—La auditoría de 2020 menciona la obligación estatutaria de subir el descuento de administración, pero se descartó. ¿Está sobre la mesa subirlo en 2022?

—Se subió en 2019. El descuento está ahora mismo en el 19,95 por ciento. Este 2022 no está sobre la mesa subir más el descuento. Al contrario, lo que queremos es bajarlo cuanto antes. Porque las cuentas se van a ir saneando, seguro.

—¿Cómo van a hacerlo? ¿Tienen pensado reducir plantilla o cambiar de sede?

—Una empresa como la nuestra contempla todas las posibilidades, absolutamente todas. Eso no significa que se haya tomado ninguna decisión, ni sobre la sede ni de la plantilla. Pero los socios pueden estar seguros de que vamos a tomar todas las medidas necesarias. De hecho, hemos tomado medidas que no ha tomado nunca nadie. Nadie quiere suspender los anticipos y nosotros lo hemos hecho. Nadie quiere subir el descuento de administración y nosotros lo hemos hecho. Nadie quiere hacer un ERTE y nosotros lo hemos hecho. De la misma manera afrontaremos lo que tengamos que afrontar para sanear la entidad, por supuesto.

—¿La SGAE sigue siendo una entidad competitiva?

—Ahora mismo somos una entidad bastante competitiva. Hemos cerrado 2021 con un presupuesto de 260 millones de euros cuando teníamos un presupuesto de 220. Es verdad que la comunicación pública nos ha hecho mucho daño porque pensábamos que en el segundo semestre íbamos a haber superado la pandemia y se ha quedado en la mitad de lo que esperábamos. Si no, estaríamos rozando los 300 millones este año. Los derechos digitales, en los dos últimos años, han crecido más de un sesenta por ciento. Creo que se están dando pasos positivos. Veníamos de una situación absolutamente pésima. Teníamos la casa hecha unos zorros y todo el mundo lo sabía. Institucional y económicamente estábamos muy mal y ahora hemos arreglado todas las cuestiones institucionales. Estamos en paz con la CISAC, estamos en paz con el ministerio y vamos a volver a Adepi. Hemos solucionado nuestros problemas con Atresmedia y Mediaset del acumulado impagado. Yo entiendo que hay gente a la que le interesa seguir dando visiones catastrofistas. Bueno, yo creo que la percepción general es que la cosa ha mejorado muchísimo y sigue mejorando. Tenemos un plan que lo vamos cumpliendo día a día.

—¿Dan por superada la crisis de reputación?

—No me gusta hablar en esos términos. Nuestra reputación ha mejorado mucho. Por una parte, se han producido sentencias como Saga y Arteria en la que los imputados han sido absueltos y se ha demostrado que había cosas que no eran como se contaban. Antes vivíamos una situación de escándalo tras escándalo y todo eso ya no está sucediendo. ¿Por qué? Porque nosotros nos conducimos de otra manera, porque estamos en paz con las instituciones y porque estamos en la legalidad.

—La CNMC acaba de abrir una investigación por posible abuso de posición.

—Ahí hay dos asuntos: las tarifas y la universalidad de los repertorios. En lo que se refiere a las tarifas, ya tuvimos un expediente en 2015 y se concluyó que nuestras tarifas eran correctas y no contrarias a la ley. Nos sorprende que se vuelva a abrir expediente por esto. Volveremos a demostrarlo. Sobre la universalidad del repertorio que reclama Unison en esta demanda, no estamos de acuerdo. Argumenta que nosotros cobramos sin licencia y nosotros entendemos que cobramos el repertorio que tenemos licenciado. Lo demostraremos.

—Ha habido una denuncia por falsificación de votos. ¿Cómo van a garantizar la limpieza de futuras votaciones?

—Son unas presuntas falsificaciones que se detectaron y no llegaron a computarse nunca. Eso demuestra que los mecanismos funcionaron. Se ha puesto una denuncia porque así lo aprobó la junta directiva, y sigue su camino en sede policial o judicial. No hemos vuelto a tener noticias de ella. Nosotros seguimos garantizando que nuestras elecciones son limpias. Nadie ha podido demostrar a día de hoy que ninguna irregularidad haya influido en los resultados. Una cosa es que alguien intente manipular firmas en las delegaciones, que es lo que ha pasado, y otra cosa es que se hayan computado como tales. Esto no ha ocurrido. Fueron identificados y rechazadas.