Odyssey suma otra ficción

Para Odyssey, aún no se ha demostrado que el buque es la fragata «Mercedes», hundida en 1804. Era su hipótesis de trabajo y de hecho toda su defensa, desde aquel mayo de 2007 en el que cargó dos aviones con las monedas del barco, ha estado basada en esa convicción tan conveniente para los cazatesoros. Y repiten que no era un barco de Estado, pero la flotilla atacada junto al cabo de Santa María fue fletada por Godoy en nombre del Rey, como demuestran los documentos de la Armada. Sus restos tienen un interés histórico evidente, como tumba de marinos cuya muerte desencadenó una guerra que cambiaría la supremacía sobre los mares.

Los cazatesoros responden al juez que la «Mercedes» -el barco que ahora no parece ser «su» barco- no era buque de Estado, puesto que parte de su carga era privada, obviando el proceso (1804-1870) por el que España indemnizó a todos los herederos de las personas y de los bienes naufragados, proceso desvelado por José María Lancho en ABC y aportado al juicio. Odyssey insiste en separar barco y carga, para que sólo se hable de monedas, y defiende los derechos de ciertos descendientes de fortunas hundidas con el buque, a pesar de que «no sea» del todo «su» buque.

Pero el último volatín de los cazatesoros ha sido aprovecharse de especulaciones periodísticas sobre el valor del patrimonio sumergido español, en millones de euros -y su potencial contra la crisis- aparecidas casualmente un par de semanas antes de que Odyssey presentase su respuesta al juez. Resulta lamentable, según fuentes oficiales, porque contra «esta nueva ficción» están, una vez más, los hechos. Primero, que cada vez que el Gobierno español ha tenido conocimiento de un hallazgo arqueológico, el resultado ha terminado en un museo, sin excepción, incluido el cañón del supuesto «HMS Sussex», hoy en Cartagena. Segundo, que la ley de Patrimonio de 1985 prohíbe terminantemente cualquier uso comercial de los objetos del patrimonio histórico, al igual que todas las legislaciones autonómicas, en consonancia con la Unesco. Tercero, que el reciente convenio Cultura-Defensa desarrolla estos mismos presupuestos cuando afirma qué museos serán los prioritarios para recibir las piezas extraídas y, además, su mera firma supone el mayor esfuerzo para conservar el patrimonio sumergido español hasta la fecha.

Las citadas fuentes oficiales no ocultan la indignación con los cazatesoros que, a falta de argumentos, quieren hacer creer ahora en EE.UU. que España tiene un plan oculto para su patrimonio histórico, un saldo ofensivo que vuelve a utilizar la leyenda negra como manido cliché. Afortunadamente el juez de Tampa aún no ha preguntado por el nivel científico del «museo» de Odyssey.