Odyssey fracasa en su maniobra para cambiar la ley en el Congreso de EE.UU.

La empresa pagó a un lobby, Jenkins Hill Consulting , para convencer a congresistas estadounidenses sobre una mínima modificación legal por la que la protección de expolios se aplicaría solo a barcos en misión únicamente militar. El «Nuestra Señora de las Mercedes» llevaba también civiles y sus propiedades, custodiadas por soldados. La modificación se intentaba colar por la puerta de atrás. Aprovechando la discusión sobre los recortes en Defensa, una enmienda quería cambiar el redactado de la Ley de Embarcaciones Militares Hundidas de 2004 .

España tuvo pronto conocimiento de la operación, según indica la Embajada de Washington, que coordinó sus esfuerzos con la Secretaría de Estado, la Navy y expertos estadounidenses en arqueología marina. Todos advirtieron del sinsentido de la argumentación de Odyssey, ya que tradicionalmente los barcos militares han transportado también civiles y participado en desplazamientos comerciales. «Ello hubiera afectado a tratados internacionales y creado caos en la aplicación del derecho internacional. Otros países europeos se sumaron a la acción para parar lo pies a Odyssey» señala Guillermo Corral , consejero cultural de la Embajada.

«CW-30»La enmienda llegó a ser aprobada en el último minuto en la Cámara de Representantes, pero fue rechadada en el Senado, en la tramitación paralela de la misma ley. El comité conjunto final no incluyó la enmienda, cuyo rocambolesco proceso fue destacado ayer por «The Washington Post». «No sé quien tiene la razón, pero son los tribunales los que deben establecerlo», declaró el congresista Robert Andrews, que promovió el rechazo de la enmienda. «CW-30»Después de que el Tribunal de Apelaciones de Atlanta confirmara su sentencia contra Odyssey, la empresa cazatesoros presentó un escrito hace una semana para solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia, que obliga a devolver a España los bienes tomados del pecio. Odyssey pedía tiempo mientras analiza recurrir al Tribunal Supremo.«CW-30» La parte española, representada por el abogado James Goold, considera poco probable que se acepte una suspensión, dadas las escasas posibilidades de que el Supremo decida aceptar un caso en el que todos los tribunales inferiores se han pronunciado en la misma dirección.