La «Ley Sinde» amenaza la alfabetización digital en España, según el informe Fedea

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Y. GÓMEZ / S. GAVIÑA

MADRID. Los economistas lo tienen claro. Las limitaciones en el uso de la red que el Gobierno va a aprobar hoy no sólo no tienen ninguna justificación económica, sino que perjudicarán a uno de los objetivos prioritarios de la ley de economía sostenible: generalizar el manejo a internet.

Así lo asegura un informe de la Fundación Fedea elaborado por los economistas Michel Boldrín y Pablo Vázquez al que ha tenido acceso ABC. Y que viene a colación justo el día que el Consejo de Ministros da luz verde a la Ley de Economía Sostenible que incorpora la disposición adicional que permitirá, con la ayuda de un juez, bloquear las webs que atenten contra los derechos de la propiedad intelectual.

Los dos economistas argumentan que España ocupa un uso muy discreto en cuanto al uso de internet: 11 millones de usuarios, un índice de penetración de internet del 56% y el puesto número quince en cuanto a uso de esta tecnología, por detrás de Italia y Austria. En este entorno «la amenaza de perder la conexión a internet por bajarte película o música en un país en el que el 65% de los usuarios accede a internet por tema relacionados con el ocio, «no es la mejor manera de fomentar el uso de esta herramienta esencial» en el nuevo modelo productivo que se pretende introducir.

Añaden, además, que un país productivo es aquel en el que sus ciudadanos y sus trabajadores «viven y trabajan en la red». En este sentido, el estudio sostiene que la «alfabetización digital» de la siguiente generación es un cometido indispensable. Algo que ha debido comprender el Gobierno de alguna manera pues alumbró el programa Escuela 2.0., algo que casa mal con las limitaciones y prohibiciones de su uso que propone la «Ley Sinde».

Afirman incluso que nuestro país «ganaría tanto con disponer de una generación que se maneje sin problemas en la red, que se podría compensar a todos los artistas, cantantes y actores españoles varias veces por las eventuales pérdidas que el actual régimen de libertad les generara».

Además, en su opinión, no es obvio que estos sectores vayan a perder a causa de la descarga y el intercambio de ficheros en internet (P2P). De hecho, apuntan en el informe, estas medidas sólo implicarían «unas pérdidas para unas cuantas estrellas de la música o del cine, la mayoría extranjeras, que ya son bastante ricas y que no van a ofrecer mejores películas o canciones porque cobren rentas adcionales por productos que muchos consideran ya antiguos».

En este sentido, los autores del informe tienen claro que estas limitaciones no van a generar una mejor industria española del cine, de la música o de los libros, pero harán menos atractivo para los jóvenes comprar y aprender a utilizar el ordenador así como navegar por la red.

Añaden que la piratería no hace daño al que acaba de llegar, sino todo lo contrario, ya que les permite darse a conocer, que sean escuchados y les facilita otros ingresos.

Con todos estos argumentos sobre la mesa, los autores del informe concluyen que la norma que va a aprobar hoy el Gobierno, y que pasará entonces al Parlamento, «favorecerá a las grandes casas discográficas y las grandes estrellas a costa de los usuarios y los artistas menores».