La industria discográfica sienta en el banquillo al creador español del P2P
Otra vez Goliat contra David. El juzgado número 4 de lo mercantil de Madrid, situado en la Gran Vía, acogió ayer uno de los juicios más sonados del año, una especie de «The Pirate Bay» a la española. En el banquillo de los acusados: Pablo ... Soto, un joven madrileño de 30 años, amante de la informática y de la música, y presidente de su propia empresa, MP2P Technologies. Soto y sus colaboradores son los creadores de Blubster, Piolet y Manolito, tres exitosos programas informáticos de intercambio de archivos (música, películas o fotografías) en la red -los famosos P2P- que desde su nacimiento, allá por el año 2000, han sido descargados por más de 20 millones de usuarios.
Al otro lado de esta batalla legal se sientan las gigantes Warner, Universal, Emi y Sony, así como Promusicae, la patronal española del disco. Juntas reclaman al joven 13 millones de euros por daños y perjuicios a la industria musical; el supuesto equivalente del coste de las canciones descargadas por los internautas desde los citados programas.
«Parasitismo»
En concreto, la parte demandante acusa a Soto de «comercializar una tecnología que facilita y promueve la descarga de música sin autorización previa». En declaraciones a ABC, Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, asegura que el demandado «está llevando a cabo una actividad de parasitismo» pues «a lo largo de todos estos años se ha lucrado con el trabajo ajeno a través de la comercialización de su aplicación o de la publicidad obtenida para su página web».
Según Guisasola, los peritos calculan que «entre 20 y 25 millones de usuarios» se han descargado alguno de los sistemas diseñados por Soto. «Si cada internauta que se ha tomado la molestia de descargarse el programa en su ordenador se ha bajado una sola canción, cuyo coste medio es de 0,72 céntimos, entonces el perjuicio causado a las discográficas asciende a 13 millones de euros», expone.
A su llegada a la vista oral, Pablo Soto -que vestía traje y zapatillas- defendió la «neutralidad» de una herramienta que, según dijo, fue diseñada «para intercambiar archivos de cualquier tipo», y no necesariamente para aquellos contenidos protegidos por derechos de autor. Con semblante tranquilo, Soto, quien se define como un «autodidacta» en la informática, argumentó que «no se puede responsabilizar al desarrollador de un programa del uso fraudulento que hagan los usuarios», razón por la cual negó ser el «héroe» de las descargas ilegales.
El juicio, que continúa este jueves, es el primero de este tipo que se produce por la vía civil en España, puesto que la actual legislación establece que no es delito la descarga de música en internet si no existe ánimo de lucro. Todo apunta a que este proceso judicial se prolongará en el tiempo en el más que previsible caso de que alguna de las partes recurra el fallo.
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