El Gobierno aprueba enviar al Congreso sin modificaciones la «Ley Sinde»

AGENCIAS | SEVILLA
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Las medidas de protección de la propiedad intelectual y contra la piratería en internet incluidas en la Ley de Economía Sostenible llegarán al Congreso de los Diputados la semana que viene, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado hoy dicha Ley sin introducir modificaciones respecto al anteproyecto.

Estas medidas, recogidas en la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible, incluyen la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura cuya misión será la "mediación, arbitraje y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual ".

La Comisión, cuya creación ha sido muy criticada por las organizaciones de internautas, será el órgano encargado de recibir las denuncias de entidades de gestión o de particulares que consideren que se están vulnerando sus derechos de autor. Este órgano será el que estudie cada caso e inicie cada expediente administrativo correspondiente, aunque no se cerrará ni bloqueará ninguna página web sin que exista una orden judicial.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional será la que centralice las denuncias en este ámbito y el juez tendrá, desde que reciba el expediente, un plazo de cuatro días para pronunciarse y ordenar o no el bloqueo de la página denunciada.

Está previsto que la Ley de Economía Sostenible inicie el trámite parlamentario la semana que viene, a la espera de que el Consejo de Estado emita su informe sobre la misma, lo que ya han hecho otros órganos consultivos como el Consejo Económico y Social y la Fiscalía General del Estado.

En paralelo a la redacción de esta nueva ley, una subcomisión parlamentaria ha estudiado en los últimos meses la pertinencia de reformar la Ley de Propiedad Intelectual y en sus conclusiones, ha instado al Gobierno a que realice "los cambios necesarios para restablecer el consenso social en torno a los derechos de autor".

Largo historial de críticas

A lo largo del día se había contemplado la posibilidad de que el texto registrara cambios, después de haber sido estudiado durante dos meses por distintas instituciones.

El primero en pronunciarse fue el CGPJ, quien alertó sobre la "importante carga adicional de trabajo" que supondría para los juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno para atajar las descargas ilegales en Internet.

A pesar de que el Consejo avalaba el modelo del Gobierno, precisó en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo que "no se valora el efecto" que puede derivarse de la concentración en los juzgados de lo contencioso-administrativo.

Sin embargo, esta afirmación fue rebatida el pasado martes por el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, quien en un desayuno informativo organizado por Europa Press minimizó el riesgo de saturación de los juzgados ante la propuesta.

A su entender, la sobrecarga de los juzgados puede "venir por otras causas" y en el caso de producirse sería "cuestión de aumentar los juzgados de lo contencioso administrativo que ya soportan una carga de trabajo importante".

Por su parte, la Fiscalía General del Estado calificó de "dudoso" que la protección de la propiedad intelectual "deba ponerse a la misma altura" que la del resto de los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.

En su informe, criticaba que se haya situado la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual "al mismo nivel" que la del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia.

El anteproyecto de ley que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros contemplaba que fuera la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la encargada de decidir si se cerraba una página web que infrinja los derechos de propiedad intelectual.

Según la normativa prevista, el juez deberá decidir, mediante un proceso "ágil, eficaz y con las máximas garantías" y en un plazo máximo de cuatro días, si ordena el cierre preventivo o bloqueo de una página web.

La Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo de nueva creación dependiente del Ministerio de Cultura, será la encargada de investigar si se producen actos lesivos. Uno de los asuntos pendientes que todavía no se ha hecho público es la composición de la citada comisión.