Denuncian «injerencias antidemocráticas del Gobierno contra las Reales Academias»

Denuncian «injerencias antidemocráticas del Gobierno contra las Reales Academias»

Un informe al que tuvo acceso ABC dice que la intervención «puede ocultar intereses políticos o de otro tipo»

ANTONIO ASTORGA | MADRID
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El Ministerio de Educación proyecta, mediante un Real Decreto, regular el Instituto de España (que agrupa a las Reales Academias nacionales) para «modernizarlo, dotarlo de mayor autonomía interna y potenciar la implicación» de las instituciones integradas, asegura. Esta reforma expresa también la «voluntad del Gobierno de de-sempeñar una función activa, dentro de sus competencias, para impulsar el trabajo y la presencia de las Academias en la sociedad, poniendo en valor el inmenso caudal de conocimiento, investigación y pensamiento». A propuesta del titular de Educación, Ángel Gabilondo, el proyecto se envió al Instituto de España el 29 de enero. Y se le dio un mes para formular aportaciones. Según diversas fuentes académicas, bajo una aparente reforma, este decreto supondría la práctica desaparición del Instituto de España y constituiría una amenaza para las Reales Academias.

El 19 de febrero, el presidente del Instituto de España, Salustiano del Campo, enviaba a todos los académicos sus observaciones al proyecto de Decreto, en un completo y detallado informe al que ha tenido acceso ABC, y que por su interés resumimos en sus principales apartados.

Recortes de derechos

Del Campo sostiene que «se hace difícil admitir que para cumplir sus objetivos declarados de «modernizar el Instituto, dotarlo de mayor autonomía interna y potenciar la implicación de las Reales Academias integradas» en el mismo, sea imprescindible sacrificar su actual naturaleza jurídica como corporación de Académicos y no de Academias».

En el proyecto del Ministerio de Educación el derecho de los académicos a intervenir en el Instituto de España deja de pertenecerles directamente y sólo lo podrán ejercer a través de los presidentes. «Obviamente -señala el informe de Salustiano del Campo-, se recortan los derechos de los académicos actuales y futuros, y se retiran derechos a las Academias con la reiterada especificación de «oído el Instituto de España» y nada más, así como con el pretexto de que no es admisible que la primera en intervenir en el proceso de admisión de una nueva Academia integrada sea aquella donde se hallan los académicos de la misma especialidad. La absorción directa de esta competencia por el Gobierno es una injerencia antidemocrática contra la autonomía de las Academias, que puede ocultar intereses políticos o de otro tipo y que nunca fue hecha tan abiertamente por ningún Gobierno, salvo en la dictadura», sigue denunciando.

Otro recorte de derechos se centra en el personal del Instituto de España. «Pasa a ser laboral perdiendo la condición de funcionario, tal y como se recoge en los actuales Estatutos de 1947», pone el dedo en la llaga el preciso informe de Salustiano del Campo. Recorte de derechos «es también la violación sin precedentes de la duración del mandato del presidente del Instituto de España».

Salustiano del Campo sugiere formas más modernas, democráticas y participativas de la organización que presenta el proyecto de Real Decreto: «Con la misma Junta Rectora que se propone, compuesta por los presidentes de las ocho Reales Academias integradas, se puede legislar que se elija a uno de sus miembros como presidente, pero que sea representativo y no ejecutivo, tal y como sucede en el Instituto de Francia. Llevar bien a la vez una Academia y el Instituto supone bastante trabajo. El secretario general, que pertenecerá a la Junta Rectora, deberá entonces ejecutar las decisiones colegiadas de la Junta Rectora».

Intervencionismo

A renglón seguido, Salustiano del Campo considera que «la pintoresca ocurrencia de que el académico secretario general pueda ser sustituido por un gerente no académico es hoy por hoy ridícula. El Instituto, que deja de tener miembros individuales, solamente tiene seis empleados, a saber, la señora de la limpieza, el conserje, el contable, el jefe de secretaría, una secretaria y una encargada de proyectos. El espacio del que dispone es un piso que no es comparable con el alojamiento de una cualquiera de las Academias. «¡Demasiado general para tan poca tropa!»».

Si el proyecto de Educación llega a buen puerto, «desgraciadamente -lamenta el presidente del Instituto de España- el Estado interviene hasta en el proceso deliberativo propio de las Academias, suplantándolo o sustituyéndolo. Así, asume un papel decisivo en decidir qué Academias deben ser integradas. Ni que decir tiene que nadie apoya que las Academias actualmente integradas tengan en sus manos la decisión final o el derecho de veto sobre la integración de otras Academias. Nunca los han querido, pero sí desean que el Estado no condicione o imponga cómo deben realizarse sus funciones propias en una situación democrática, que no dentro de un Estado dirigista o tal vez dictatorial». El proyecto no especifica ninguna cualidad imprescindible para ser académico, «y ello hace temer que cada integración de una nueva Academia por este procedimiento pueda convertirse lisa y llanamente en un caballo de Troya».

Salustiano del Campo considera que el proyecto de Real Decreto «parece diseñado más para entorpecer y más tarde para suprimir el funcionamiento del Instituto de España que para mejorarlo. En un determinado momento de la Transición política alguien pretendía que los académicos fueran nombrados por dos vías: la tradicional cooptación y el Consejo de Ministros. El texto que comento parece haber cambiado esta estrategia por atribuir al Gobierno la competencia absoluta de reconocer a las nuevas Academias integradas».

Por último, para reformar el Instituto de España se precisan, en opinión de su presidente, dos cosas: 1) consultar a todos los académicos, porque después de setenta y tantos años, cambiar la naturaleza del Instituto de ser de académicos a de Academias no es aceptable sin hacerlo. 2) tramitar como ley la reforma del Instituto y de las Academias, teniendo en cuenta que estas fueron reorganizadas por la Ley Moyano de 1857 y solamente por Decreto durante el régimen de Franco. Nuestra época es tan constitucional por lo menos como la del reinado de Isabel II».