Cultura valora alinearse con Google y dar la espalda a los derechos de autor en la prensa que aplica la UE

La onda expansiva ya está en nuestro país, donde es difícil esperar una respuesta contundente. La transposición de la Directiva Europea de Mercado Único Digital a la legislación española es el nuevo campo de batalla . En su artículo 15 se regula el pago de derechos de reproducción y de puesta a disposición para el uso en línea de las publicaciones de prensa por parte de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. El texto aprobado aclara que el pago no se aplicará al uso privado o no comercial por parte de usuarios individuales, ni a los hiperenlaces asociados a la investigación y la ciencia o al uso de «palabras sueltas o extractos muy breves» .

Pero eso no basta a los grandes emporios tecnológicos, que luchan con armas directas e indirectas por el gratis total. O por mantener el control total eliminando intermediarios. Porque paralelamente a las amenazas también se ha producido el lanzamiento de News Showcase, con una inversión inicial de 850 millones de euros a repartir entre los medios que decidan acompañarles en su apuesta. «Una industria de noticias solvente es fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática», afirmó Sundar Pichai, CEO del buscador. Dinero con sus condiciones sí, con las que legislan los estados de la UE o Australia, parece que no. Ofrecen a los medios, en mitad de la mayor crisis del sector, un dinero contante por entrar en News Showcase a cambio de tres años de renuncia a los derechos de autor. ¿Y el cuarto?

En el Ministerio de Cultura ya sienten esta presión desde hace meses. La última reunión del ministro José Manuel Rodríguez Uribes con la asociación que representa a casi todos los medios importantes de nuestro país, la Asociación de Medios de Información (AMI), tuvo lugar el pasado verano. Según ha podido saber ABC, los técnicos del ministerio han elevado un documento técnico favorable a las dos reivindicaciones del sector: que la gestión de derechos sea colectiva y que ese derecho de reproducción se contemple como irrenunciable . ¿Por qué?

Colectiva porque así podrá ser anónima y porque, uno a uno, los medios y los autores sólo negociarán, si es que pueden, desde una enorme debilidad con Google, empresa gigante global, que es además parte muy importante del negocio publicitario. Irrenunciable por lo que se ha visto en Francia, donde Google ya se ha cobrado la primera victoria y no paga por el derecho de autor.

Lo primero que allí se hizo fue separar la implantación del artículo 15 del resto de la Directiva. Divide y vencerás. En la negociación desgajada, convencieron a Macron para implantar la gestión individual y confidencial, algo que tiene difícil encaje en la legislación francesa de propiedad intelectual, siempre ultraprotectora. Invocaron la libertad: libertad de pacto. Si es imposible imaginar a un pequeño medio convenciendo al gigante de que le pague, cabe señalar que ni siquiera el mayor rotativo francés, «Le Monde», cobrará en concepto de ese derecho , comentan fuentes del sector. Google llega a pactos y puede desembolsar sumas, pero nunca sobre el derecho de autor que es lo que quiere proteger la UE con esa Directiva, sino sobre otros servicios.

Las alarmas han saltado en España tras comprobar los editores de AMI (en el que están todos los grandes grupos de la prensa, incluido Vocento) que el ministro Rodríguez Uribes se decanta cada día más por el modelo francés. En contra de lo que sus propios técnicos le han mostrado como mejor opción, y sin otro informe en la mano, quienes han escuchado al ministro hablar recientemente del tema afirman que divide el ecosistema mediático entre medios viejos y nuevos y no precisamente por su relación con la propiedad intelectual. Incluso contradice la trayectoria del PSOE que hizo del derecho de autor una de sus políticas clave durante décadas, y habla de que protegerlo con gestión colectiva sería «paternalismo».

Según informan fuentes del sector, los representantes de la otra asociación del ramo, el Club Abierto de Editores (CLABE), han tenido acceso mucho más reciente a Uribes y, según parece, le han colocado su mensaje. El presidente de CLABE, Arsenio Escolar, ha mostrado desde hace muchos años su oposición a la «tasa Google» y al artículo 15 de la Directiva de Mercado Único Digital: «Ya nos paga Google divulgando nuestros contenidos» dijo en 2014, y desde entonces exige al Gobierno la retirada del artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que es, según las entidades de gestión, el verdadero objetivo de la compañía. Desde su empresa Prensa y Servicios de la Lengua -editora de «Archiletras», una revista cultural panhispánica patrocinada por grandes marcas y algunas instituciones, para cuya creación contó con Google como uno de sus padrinos - Escolar ve crecer su influencia sobre el ministro, junto a la de otros representantes de la prensa digital (y alguno tradicional, temeroso del conflicto que viene).

Una lectura estricta de la Directiva no parece aconsejar que el modelo europeo se base en el de Macron . Alemania, Italia y otros países de la UE ya están regulando la gestión colectiva e irrenunciable de este derecho de reproducción. Además en los «considerandos» que reúnen el espíritu de la Directiva se señala claramente que el objetivo de proteger el derecho de autor, no solo del editor, es fortalecer «una prensa libre y plural» y «asegurar la sostenibilidad del sector» .

Desde el departamento de Rodríguez Uribes informaron ayer que «la transposición tiene que estar en junio pero la tendremos antes. Desde el Ministerio estamos trabajando para hacer una transposición de la Directiva coherente con su espíritu y con lo aprobado en el Parlamento Europeo, preservando los derechos de autor y favoreciendo la libertad de prensa y el pluralismo informativo. El modelo francés es una posibilidad pero antes habrá que estudiar bien las distintas opciones », dijo un portavoz ministerial a ABC.

La pregunta que muchos se hacen es si se trata de una opinión del ministro, solamente, o viene marcada desde Moncloa. «Es una sensación tremenda ver este giro en la política del PSOE sobre propiedad intelectual», comentan en una entidad de gestión. «Lo del ministro Uribes es un síntoma -comentan en otra- de la devaluación de la propiedad intelectual en España, cuando es el mayor vector de crecimiento económico mundial en el siglo XXI (ahí están los fondos y las tecnológicas lanzando operaciones sobre ese mercado de contenidos, catálogos y reproducciones) pero en el Ministerio el departamento que la gestiona solo tiene rango de subdirección general». Y eso que acaban de reformar la estructura ministerial.

Todos recuerdan lo ocurrido en el Parlamento Europeo cuando se votó esta Directiva en julio de 2018: cada parlamentario recibió del orden de 70.000 llamadas y mensajes en los días previos . «No se podía trabajar». Movilizado desde Wikipedia y los grandes agregadores de noticias y la industria tecnológica, el «acoso» a los parlamentarios supuso una presión nunca antes vista sobre los representantes de los ciudadanos europeos.

Una de las máximas de Google es: no pagar por los contenidos que indexa. Lo ha defendido con uñas y dientes desde el inicio de sus actividades y lo continúa haciendo desde la posición de monopolio de hecho que goza hoy. Cuando Google decidió cerrar en 2014 Google News en España como protesta por el art. 32.2 de la LPI que les obligaba compensar a los medios de comunicación por las noticias que alimentan su tráfico, la compañía dijo en un comunicado que no era sostenible porque en esa página no se veían anuncios.

Pero, de hecho, Google ya «no es» Google. En 2015, fundó Alphabet, la gran multinacional de la nube. En los términos y condiciones, el contenido y los datos de los usuarios, así como sus interacciones, se convirtieron en la parte central de su negocio desde entonces . La nube es, digamos, la mina de datos y Google posee un 98% del mercado de accesos, aparece instalado por defecto en la mayoría de los móviles de todo el mundo y mantiene, por ello, un monopolio de hecho . Y cabe señalar que pocas cosas producen más interacciones que las noticias de los medios de comunicación. Esta evolución reciente de la potencialidad económica que genera la actividad de miles de millones de usuarios en la web ha dotado de una nueva dimensión económica al gigante, que planea operar u opera en biotecnología, banca, etc. Y que puede, gracias al control de los datos y los flujos de interacción, predecir comportamientos humanos .

Cabe preguntarse por qué esa irritabilidad frente a la regulación del derecho de autor en la prensa. Podría tener que ver, aseguran algunos expertos consultados, con la opacidad casi total sobre los tránsitos de sus usuarios. «Viven de la información que analizan y no parecen proclives a compartir esos datos, o ningún dato. El derecho de propiedad intelectual sobre su algoritmo, sus estrategias y esa bolsa de datos mundial no se comparte», señalan.

Como dice a ABC un portavoz de la oposición, «desde la izquierda se están poniendo palos en las ruedas en Bruselas y aquí. Se han convertido en los tontos útiles, porque pese a toda la palabrería no favorecen al usuario con estos cambios de política, sólo favorecen a las grandes plataformas , que no son precisamente las que mejor comportamiento fiscal tienen en España».

Esa es la internet de hoy, en la que la prensa, a la que se exige que comparta gratis sus contenidos, vive un horizonte complicado . El tiempo corre en su contra, salvo que la legislación permita esa compensación por parte de quien disfruta de una posición tan ventajosa. El debate sobre el todo gratis se basa en la Directiva de 2001 que trataba de regular los derechos de autor en una internet en la que todavía no existían ni las redes ni, sobre todo, el modelo de negocio que aprovechaba las búsquedas y el tránsito de los usuarios. Y también la de 2000 sobre el Comercio Electrónico, que exoneraba a las compañías de las actividades del usuario o de los derechos asociados al contenido compartido por ellos. En la era dorada de la piratería, todo se buscaba en Google. Los tiempos han cambiado y también deben cambiar para la imagen y la responsabilidad de quien timonea la información de todo el mundo .