Cultura afronta su semana más crítica

Según fuentes cercanas al Ministerio, hay mucha tensión porque las relaciones entre Sinde e Ignasi Guardans no pasan por su mejor momento, después de que la Comisión Europea retrasara su veredicto ante las alegaciones de un grupo de cineastas contrarios a la Orden. «En ningún caso rodarán cabezas», dijo la ministra en referencia a Guardans. «Pero si tiene que ir a Bruselas a pasarse allí más tiempo conferenciando, irá», añadió. El error de bulto de publicar en el BOE la orden sin esperar al respaldo europeo coincide además con los cambios en la Comisión, que pueden retrasar todo el proceso. Se trata de un cálculo que se suponía perfectamente dominado por el ex eurodiputado Guardans, hoy director del ICAA, a quien toda esta polémica pilló de viaje a Buenos Aires.

El teléfono rojo del cine

Desde allí, a golpe de teléfono ha tratado de apaciguar las aguas, aún con poco éxito. Pero hoy mismo tiene previsto reunirse con el presidente de FAPAE, Pedro Pérez, según ha sabido ABC, y también mantiene conversaciones con los Cineastas contra la Orden. Será un lunes muy movido, por tanto, en la Casa de las Siete Chimeneas.

Siempre es el cine, por uno u otro motivo, el que desvela a los responsables de Cultura, incluso cuando la persona encargada de llevar la cartera no es de «los otros». Todo comenzó el 28 de diciembre de 2007 (será casualidad), después de meses de consultas, discusiones e incendios de tamaños varios, cuando el Gobierno del PSOE daba luz la Ley del Cine, un texto que presumía de ser el fruto del consenso y que sorprendentemente quedó aparcado nada más nacer. Aquellas batallas le costaron el cargo a la ministra Calvo. Pero pasaban los meses y la ley seguía sin entrar en vigor porque la mitad de su articulado se dedica a las ayudas al sector y no salía adelante la orden que reglamenta esas ayudas. El retraso pasó factura, con los datos de taquilla del cine español en caída libre, y Zapatero volvió a cambiar de entrenador.

En abril de este año se sentaba en el banquillo la solución «definitiva», predestinada a cerrar la trilogía y a cambiar para siempre la historia de nuestro cine. La ministra y cineasta Ángeles González-Sinde contaba con un as en la manga: Ignasi Guardans, un gran experto en leyes, ayudas y negociaciones con los molinos de viento de Bruselas. Por eso lo ocurrido la pasada semana tiene doble pecado.

Porque doscientos profesionales, algunos conocidos, no están de acuerdo con la redacción final del texto y se lo contaron a la UE, que ha decidido pitar tiempo muerto. Las ayudas públicas quedan suspendidas, con las antiguas ya abolidas, los productores están aterrados, algunos autores no saben de qué van a vivir y cientos de técnicos y actores se ven abocados al paro.

El cruce de acusaciones es la menos grave de las consecuencias, mientras la oposición permanece tumbada a la bartola, dado que el Ministerio no necesita ayuda alguna para ponerse la zancadilla.