Las entidades de gestión piden a Wert que paralice la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

La solicitud, que según el escrito respaldan "más de un millón de titulares de derechos", pide al ministro que no siga adelante con los trámites de la nueva ley hasta que no se formalice "el grupo de trabajo comprometido por usted en nuestra última reunión". "Es imprescindible -apunta la nota- que la futura Ley (LPI) recoja también los criterios y aspiraciones de los titulares de derechos".

Para las entidades de gestión antes citadas, el texto "no respeta las recomendaciones del mediador europeo y no facilita la gestión de los derechos de propiedad intelectual ni permite mejorar el nivel de protección" que, entienden, "debe ser el objeto a perseguir por el Ministerio.

Aunque reconocen haber conocido los detalles de la reforma de la actual LPI "de forma extraoficial", opinan que la misma "parece esconder la falta de una política activa para la creación e implementación de una industria cultural robusta".

Desde su punto de vista, ha informado Ibercrea en una nota , "este anteproyecto retraerá, aún más, el peso del sector cultural en el PIB, en lugar de incrementarlo, tal y como se prometía en su programa de Gobierno" y lamentan, "por encima de otras consideraciones", que el proceso se haya llevado a cabo "a espaldas al mundo de la cultura y con ausencia absoluta de diálogo".

Las entidades -prosigue la carta- "acogimos muy positivamente el ofrecimiento realizado por usted permitiéndonos participar, desde el diálogo y la cooperación con su Ministerio, en las iniciativas legislativas encaminadas a incrementar el nivel de protección de nuestra legislación". Así, concluyen, "la presentación del texto al Consejo de Ministros sin haber sido objeto de discusión con nuestras entidades y que será sometido a trámite parlamentario, no se corresponde con el sentimiento de cooperación que en dicha reunión nos expresó".

Entre los cambios que disgustan a los integrantes de Ibercrea, el Instituto cita las medidas de control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y el nuevo cometido, en tanto lleguen los medios necesarios a la Comisión de la Propiedad Intelectual , de la Comisión Nacional de la Competencia para ejercer "las funciones de control y determinación de las tarifas". Un extremo, dicen, que "podría incrementar los conflictos".