La Junta impugna el plan que da cobertura a las naves de Colecor

La decisión causa una cadena de impactos notables justo cuando hace unos meses Gómez, líder de la oposición municipal, denunció públicamente que contaba con permiso verbal de la exalcaldesa Rosa Aguilar y un compromiso de rebajar la multa de 24,6 millones pendiente aún de pagar al Ayuntamiento, que subastará este año las naves para intentar sacar algún dinero de la sanción. Llega tras el consenso de todos los partidos, incluido el PSOE, para aprobar un plan que huye de las indicaciones técnicas defendidas siempre por la Junta, que ya ganó en el TSJA un pleito contra el primer plan especial. Un plan que pretende regularizar una de las mayores irregularidades urbanísticas de la ciudad.

La Junta fundamenta su demanda en dos razones básicas. Por un lado, cree que el Plan Especial Carretera de Palma del Río introduce un nuevo uso, «industriasyalmacenajeincompatiblesconelsuelourbano», que no está permitido por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Córdoba para el ámbito donde se ubicaron las industrias históricas, calificado como suelo no urbanizable de especial protección de la Vega del Guadalquivir. Por otro, dicho Plan establece un niveldeocupación (40.000 metros cuadrados en superficie y 60.000 metros cuadrados techo) muy superior al que disponían las edificaciones históricas ubicadas en esta zona, que resulta no justificado en relación con la protección de la Vega. La Junta ha defendido siempre demoler la mitad de las naves.

Los técnicos de la Consejería  consideran que el Plan Especial se ha excedido en las facultades que le otorga la legislación urbanística para la regulación de los usos prohibidos y permitidos por el Plan General, debiendo limitarse a «precisar y complementar» sus determinaciones. En este sentido se expresó la propia sentencia recaída sobre el Plan Especial anteriormente anulado, que señala que éste no puede contradecir ni desconocer las prohibiciones de uso que establece el PGOU, y que la asignación de usos debe estar motivada y justificada, conforme a los criterios señalados en el Plan General, a las necesidades y características del terreno, y a la realidad física y natural presente.