Se trata de una reivindicación que la comunidad científica mantiene desde hace 21 años y que se incluyó en la Ley de la Ciencia, aprobada en 2011.
Esta Ley estableció, en su artículo 25, la equiparación y homologación entre todos los científicos. En concreto, recogió la extensión del sistema retributivo que impera en el CSIC y en la Universidad desde 1998, un sistema que se basa en la evaluación de méritos, sexenios y quinquenios.
En total hay seis OPI: el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA); el Instituto Español de Oceanografía (IEO); el Instituto Geológico y Minero de España (IGME); y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Todos ellos están coordinados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
A pesar de estar recogido en la Ley, la falta de un reglamento, que tendría que aprobarse mediante Real Decreto, que desarrolle esta medida ha impedido que se haya puesto en marcha esta homologación de manera real, que tenía que surtir efecto con fecha de 1 de enero de 2014.
Entre los motivos por los que nunca se ha llegado a aplicar esta homologación de categorías profesionales, se encuentra la «congelación» de los sueldos públicos. Desde 2014, no se había aprobado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ningún aumento salarial para los funcionarios, entre los que se incluyen estos científicos.
«Desobediencia al Tribunal Supremo»
El pasado 3 de abril de 2018, el Tribunal Supremo (TS) condenó al Gobierno (por entonces del PP) a publicar el citado Real Decreto en un plazo máximo de 6 meses. Este plazo finalizó el pasado 9 de enero de 2019.
« Con esta desobediencia al Tribunal Supremo , el Gobierno desafía la ley consolidada y aprueba, de manera tácita, una discriminación de los investigadores españoles que somos calificados de primera o de segunda clase en función del centro al que pertenecemos, no en base a la excelencia científica que tanto pregona el ministro Duque», lamenta la plataforma.
Hasta 900 euros menos
Según denuncian, sin esta homologación, un investigador de un Organismo Público de Investigación distinto al CSIC puede cobrar en la misma categoría profesional hasta 900 euros mensuales menos que un compañero del CSIC o de la Universidad.
Ante el incumplimiento del fallo del TS, la plataforma de científicos afectados ha pedido la intervención del Defensor del Pueblo y presentaron el pasado 27 de febrero de 2019 una diligencia ante el TS solicitando la ejecución de la sentencia.
Tras esta petición, este mismo colectivo ha anunciado que está «dando los primeros pasos» para interponer demandas por responsabilidad patrimonial del Estado.
Durante la concentración, se leerá una Carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que luego se entregará en Registro de Presidencia.
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