El Parlament reactivará la ponencia de la Ley de consultas después de Semana Santa

En aquel momento, los trabajos se pararon a la espera de la finalización del proceso de petición de competencias de referendo al Estado por el artículo 150.2 de la Constitución, que ayer finiquitó una amplia mayoría del Congreso de los Diputados.

Según las mismas fuentes, está previsto que el relator de la ponencia, Josep Rull (CiU), fije una nueva reunión para después de Semana Santa para reactivar los trabajos. El consejero de Presidencia, Francesc Homs, ya ha apuntado esta misma mañana que el siguiente paso en la hoja de ruta era acelerar la tramitación de la ley de consultas no refrandatarias.

Aún así, el gobierno catalán no se ha fijado un plazo concreto para la aprobación de esta normativa, siempre que esté en vigor antes del 9 de noviembre, pero fuentes conocedoras de la negociación estiman que no se aprobará antes de final del verano y que verá por tanto la luz en una fecha cercana al 9 de noviembre.

Además, CiU quiere asegurarse que respeta los preceptos constitucionales y estatutarios, así que apuesta por pedir un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias antes de llevarla al pleno para su aprobación, un trámite que supondría alargar aproximadamente un mes el plazo.

La ley de consultas fue una de las primeras que se impulsó al inicio de la presente legislatura (enero del 2013), con el fin de disponer de un mecanismo para convocar la consulta con marcos legales exclusivamente catalanes.

Según fuentes del PSC, la normativa, con la frecuencia de reuniones semanales que había en los inicios de la ponencia, se podría haber terminado a principios de este año, porque los elementos de fondo ya se han tratado.

Pero CiU, ERC e ICV-EUiA, grupos parlamentarios que pactaron en diciembre la consulta soberanista del 9 de noviembre, apostaron primero por la vía de un acuerdo con el Estado, que pasaba por que ayer el Congreso autorizara el traspaso de competencias estatales de referendos a la Generalitat.

Sin embargo, tras el «no» de una amplia mayoría de la Cámara Baja, el 'plan B' se activa ahora mediante esta ley catalana para organizar consultas no refrendatarias, con la esperanza por parte de los impulsores de que el Gobierno central no la impugne ante el Tribunal Constitucional.

Si el Ejecutivo central recurriera la ley y el Tribunal Constitucional la suspendiera, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se quedaría sin marco legal para la consulta y sólo le quedaría la opción de convocar unas elecciones de tipo plebiscitario para conocer la voluntad de los catalanes en cuanto a su futuro político.