Elecciones de corte plebiscitario en Cataluña como huida hacia adelante

La segunda fase tuvo lugar desde esa Navidad de 2012, con el «Pacto Nacional por el derecho a decidir» y el «Consejo Asesor de Transición Nacional» a pleno rendimiento jurídico, hasta ayer mismo, cuando el Congreso rechazó la pretensión del Parlamento de Cataluña de arrogarse la competencia de convocar y organizar una consulta que sólo el Gobierno de la Nación puede celebrar. Entre medias, la Cámara catalana sufrió su primer gran revés con la revocación, por parte del Tribunal Constitucional , de la Declaración de Soberanía aprobada el 23 de enero de 2013. Cataluña, vino a argumentar el TC, no es un sujeto jurídico y político con entidad propia para asumir competencias que corresponden en exclusiva a todos los españoles.

Es cierto que el Constitucional introdujo una variable interpretada por los promotores de la consulta como una «puerta» ofrecida a Artur Mas para salir de su laberinto. Así, la alusión del TC al «derecho a decidir» como un instrumento político, que no jurídico (al menos hasta que haya consenso para reformar la Carta Magna), gustó a los secesionistas.

Ocurre sin embargo que esta aparente «cesión» o «guiño» del TC al nacionalismo no fue tal . Sencillamente, su inclusión en la sentencia fue un recurso en cierto modo retórico para lograr un objetivo superior y más trascendente para el Tribunal, la unanimidad de sus doce miembros y no transmitir una imagen de división jurídica sobre las auténticas cuestiones de fondo: la del alcance real de la unidad de España y la de la creación de una doctrina suficientemente contundente que sirviera de aviso a quienes interpretan a capricho el concepto de «soberanía».

En el seno del TC, cualquier atisbo de división interna habría supuesto una victoria de los secesionistas aunque su famosa Declaración de Soberanía de 2013 hubiese sido rechazada de todos modos, como así fue. Cualquier grieta habría reavivado la eterna bronca entre conservadores y progresistas que tanto ha contribuido a deslegitimar al TC y a arruinar su imagen en otras épocas.

Así las cosas, el bloque rupturista catalán ha cosechado dos severas «condenas» estos días: las del Constitucional y el Congreso. ¿Y a partir de ahora? ¿Cómo se configura la tercera fase de la ofensiva rupturista ? Tanto la Generalitat como el Parlamento catalán continúan con vías jurídicas abiertas hacia su inédita e imposible independencia «dentro de la legalidad».

Su siguiente resorte será la Ley de Consultas mientras alientan en paralelo la movilización ciudadana a través de la Asamblea Nacional de Cataluña , organizadora de la Diada y con más de un millón de simpatizantes. La estrategia de radicalización progresiva y, en caso necesario, de convulsión social, está en marcha.

En la escenografía de crispación que Artur Mas diseña para acrecentar el victimismo, el Parlamento catalán prevé aprobar la Ley de Consultas al calor de la Diada del 11 de septiembre y convocar formalmente la consulta del 9 de noviembre. Ambos actos administrativos son impugnables ante el TC por el Gobierno. Basta su mera admisión a trámite para que queden automáticamente suspendidos y la «cita» ilegal con las urnas, anulada de facto.

Ante esa tesitura, y si CiU no cercena la huida hacia adelante de Mas, éste solo tendrá una opción:la disolución del Parlamento y la convocatoria anticipada de elecciones como si de un plebiscito se tratase. El programa electoral compartido por ERC tendría un único punto:la declaración unilateral de independencia el día de Sant Jordi de 2015. Entonces, el drástico desafío al Estado se habría elevado a su máxima potencia. Quemando etapas como la de ayer, esta sigue siendo la hoja de ruta suicida que maneja Mas sin que por el momento figure en la mesa del Consejo de Ministros la opción constitucional de suspender de algunas de sus funciones a la autonomía catalana.