El Gobierno dice que el sistema de dependencia está en «absoluto colapso» pero que no lo va a «dejar caer»

Moreno, que ha repasado las políticas de su departamento en la Comisión de Política Social e Igualdad de la Cámara alta, ha asegurado que la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia «no se ha paralizado», sino que está «vivita y coleando» y ha defendido que la reforma aprobada este verano tiene como objetivo «poner orden» ante el «colapso» del sistema y la «desigual» aplicación de la norma en el Estado.

Por ello, ha recordado que la nueva redacción de la ley establece cambios en la aportación mínima de cada usuario en función de su renta y patrimonio, «prioriza» la atención a los dependientes más graves , simplifica los grados de dependencia en tres -'grandes', 'severos' y 'moderados'--, y reduce la aportación económica en un 15% para cuidados en el entono familiar para «favorecer» la asignación de servicios profesionales.

«Hemos actuado con la máxima responsabilidad posible», ha señalado el secretario de Estado. «Dentro del respeto a las competencias (de las comunidades autónomas), hemos tomado medidas correctoras que fueran hacia la línea de que todos los españoles son iguales ante la ley», ha aseverado.

A su juicio, existían «enormes deficiencias» y ha puesto como ejemplo que un dependiente recibía distinto tratamiento y atención en función del lugar donde residía. También ha criticado que la mitad de los atendidos estaban recibiendo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar en lugar de un servicio; que se estaban dando las «mismas prestaciones» a usuarios con distintos grados de dependencia; o que personas con rentas altas recibieran los mismos servicios y prestaciones que aquéllas que se encontraban en peor situación económica.

«Hemos hecho una reforma, que puede ser discutida, pero que se hace desde la motivación de preservar al ley. No podemos engañarnos a nosotros mismos, todos hablábamos de la grandeza de la ley, pero nadie resolvía los problemas», ha defendido Moreno, que ha advertido de que si el Gobierno dejaba que el problema siguiera «agravándose», éste podría ser «irreversible».

Por su parte, el senador del PSOE, Juan Andrés Tovar , ha alertado sobre la «muerte» de la Ley de Dependencia , si no se incrementan los recursos para su aplicación.

Desde CiU, Corali Cunyat ha avisado de que la Generalitat «va a recurrir» la reforma de la ley por «invadir» competencias autonómicas y ha culpado al Gobierno de «incumplir» con la financiación de la norma, que ha llevado a las comunidades a asumir «cantidades desorbitadas». .

Desde el PNV, el senador José María Cazalis ha criticado el desarrollo «desigual» de la dependencia entre las distintas autonomías, aunque ha advertido del «intento recentralizador» del Gobierno con la reforma de la ley. Por ello, ha solicitado al secretario de Estado que los cambios «no invadan» competencias y se pongan en marcha de forma «coordinada» con las comunidades.

La portavoz de la Entesa Catalana, Mónica Almiñana , ha avisado sobre el «cambio del modelo social» que está llevando a cabo el Gobierno «con la excusa de la crisis económica» y le ha acusado de «paralizar» el calendario de la Ley de Dependencia, dejando de transferir fondos a las autonomías, que son, según ha recordado, las que tienen la «competencia» en la aplicación y desarrollo de la norma.

El senador del Grupo Mixto, Jesús Iglesias ha avisado de que la Ley de Dependencia puede que se quede solo en la atención a los dependientes graves y que el resto «sean aparcados». Asimismo ha criticado que el Gobierno hable de «solidaridad» cuando, a su juicio, ésta se va a traducir en que «ahora vayan a pagar todos por todo», algo que «devalúa» los principios de la ley.