El matrimonio gay, la marihuana y la pena de muerte ganan terreno en EE UU

Un total de 178 iniciativas estatales -'ballot measures', por su denominación en inglés- se sometían a la consideración de los electores en 38 de los 50 estados, más el distrito de Columbia, de que consta el país. Asuntos como el matrimonio gay, el aborto, la legalización de la marihuana o la eutanasia eran algunas de las cuestiones sobre las que debían pronunciarse los ciudadanos, lo cual les obligaba a dedicar unos buenos minutos para completar sus votaciones.

Asi por ejemplo, los votantes del estado de Washington -que se inclinaba del lado de Obama en las presidenciales- daban su conformidad a la legalización de la producción, distribución y consumo de marihuana para uso recreativo. También pasaba una propuesta similar en Colorado -otro de los estados que cargaban los demócratas en sus alforjas-, donde obtenía el respaldo del 53% de los electores, pero no así en Oregón.

En Nebraska, uno de los dos estados, junto a Maine, que se salta la norma que atribuye la totalidad de los votos en el colegio electoral al candidato que suma más sufragios populares en las presidenciales, sus habitantes daban el visto bueno a la propuesta que permitiría encausar a los funcionarios por delitos de índole electoral. Maryland, por su parte, sancionaba la concesión de becas a estudiantes indocumentados, en línea con la medida introducida hace unos meses por el presidente Obama para frenar las deportaciones de jóvenes 'sin papeles' y que podría haber resultado clave en la movilización de un electorado, el hispano, que le ha respaldado en mayor grado que a ningún otro presidente estadounidense. Y Florida se decantaba por mantener la financiación pública del aborto, rechazando una iniciativa que pretendía vetarla.

La reforma sanitaria aprobada en 2010 sufría un varapalo en cuatro estados -Wyoming, Alabama, Misuri y Montana-, donde salían adelante medidas tendentes a impedir su entrada en vigor.

Maryland, estado limítrofe con la capital, se sumaba a Maine en su respaldo al matrimonio homosexual. Una decisión que parece marcar un punto de inflexión después de que los votantes de una treintena de estados rechazasen iniciativas similares en el pasado y que se produce meses después de que tanto el presidente Barack Obama como el vicepresidente Joe Biden se pronunciasen públicamente a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. De esta forma, las parejas gais podrán casarse en Maryland a partir del 1 de enero de 2013. En el estado de Washington también eran mayoría los que daban su apoyo al matrimonio gay. Hasta ahora, seis de los 50 estados que integran el país reconocían el matrimonio homosexual: New Hampshire, Vermont, Nueva York, Iowa, Connecticut y Massachusetts.

En cuanto a la pena de muerte, más de la mitad de los californianos son partidarios de que se mantenga en el estado, según se desprende del referéndum celebrado. Según los datos de la consulta tras el escrutinio de las tres cuartas partes de los votos, el 53% de los californianos se opone a la abolición de este castigo mientras que el 46% apoya su derogación. Una cuarta parte de los presos condenados a pena de muerte en Estados Unidos se encuentran en California, aunque en los últimos seis años no se ha llevado a cabo ninguna ejecución en este estado.

Las personas contrarias a la derogación de la ley que permite la pena de muerte han antepuesto los valores materiales a los morales, al centrarse en el coste que supone mantener a un individuo en la cárcel. Además, han afirmado que un estado con problemas financieros podría ahorrarse millones de dólares al ejecutar a los reos en lugar de mantenerlos de por vida entre rejas. En 2006, un juez federal suspendió todas las ejecuciones en California alegando que la inyección letal provoca demasiado dolor a los reclusos antes de morir.

Por otro lado, un 68% de los californianos se han mostrado a favor de suavizar la ley de los 'three strikes', conocida como la ley de los tres delitos. Esta medida permite que los criminales que ya han estado en la cárcel dos veces por haber cometido delitos no violentos ni graves sean condenados a entre 25 años de cárcel y cadena perpetua si reinciden por tercera vez. Los partidarios de la medida han argumentado que mantener en las cárceles a personas que no suponen una amenaza para la sociedad es un gasto excesivo y que no ayuda a la reinserción de las mismas.

También se ha celebrado una consulta no vinculante sobre el estatus de Puerto Rico -estado asociado hasta ahora- en la que un 61,15% de los electores se ha manifestado en favor de la anexión a Estados Unidos mientras que un 33,31% ha apostado por mantener las cosas tal y como están y solo un 5,53% ha abogado por la independencia.