El negocio de los incendios

Sin embargo, muchos de estos focos se encuentran a más de 20 km del trazado del tren y en la mayoría de los casos ese tramo del corredor ya está inaugurado.

Así se desprende de una serie de estudios elaborados a partir de las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. De acuerdo con el último Informe sobre el sector forestal en España, las pérdidas económicas generadas por los incendios en los últimos años rondan los 3.000 euros por hectárea quemada. Si se multiplica esta cifra por el número de hectáreas arrasadas en lo que va de 2012, dichas pérdidas ascenderían a cerca de unos 270 millones de euros.

Pese a todo, la crisis también ha hecho mella en la lucha antiincendios. El Ministerio de Agricultura ha rebajado un 31,2% su presupuesto para este año, lo que implica que los gastos de protección del medio ambiente se reduzcan de 30, 2 a 18,8 millones de euros. Y las comunidades que tradicionalmente se han visto más afectadas por estas catástrofes también han efectuado recortes. Cataluña ha reducido en un 20% las dotaciones económicas que se destinaban a este fin, que a día de hoy se sitúan en 24 millones de euros. En la Comunidad Valenciana el recorte ha sido del 14%, hasta los 95 millones, y el número de trabajadores ha descendido de 12.000 a 11.000 brigadistas. En cuanto a Galicia, el sindicato CC.OO. denuncia recortes del 50% del número de efectivos.

Según el informe presentado ayer en A Coruña, el 17,9% de los incendiarios entrevistados por psicólogos de la unidad técnica de la Policía Judicial se echaron al monte con un claro objetivo: “Obtener un beneficio económico”.

Entre los motivos por los que este grupo provocó un incendio forestal, el fiscal superior apuntó posibles cambios de uso del suelo, ya que algunos fuegos acabaron favoreciendo recalificaciones, o incluso lograr un contrato para luchar precisamente contra ellos

El informe elaborado por agentes judiciales de la Guardia Civil tras la ola de incendios de 2006 en Galicia es el único realizado hasta el momento en España y el segundo a nivel mundial, tras el de Portugal. Su objetivo, según Varela, es ayudar a “identificar” a los posibles autores de un incendio forestal y mejorar las medidas de prevención en la lucha contra el fuego.

Uno de cada cinco incendios en Galicia está provocado por intereses económicos

al hacer público un estudio sobre el perfil psico–social de los incendiarios en la comunidad que analiza un total de 138 incendios e incluye entrevistas a 207 detenidos. Según el informe presentado ayer en A Coruña, el 17,9% de los incendiarios entrevistados por psicólogos de la unidad técnica de la Policía Judicial se echaron al monte con un claro objetivo: “Obtener un beneficio económico”,

El Gobierno valenciano pretende modificar la Ley Forestal autonómica para permitir que se pueda construir en terreno forestal quemado. Hasta ahora, la ley nacional y la valenciana impedían variar el uso de los montes quemados hasta pasados 30 años. Ahora, la Generalitat que preside el popular Alberto Fabra, pretende que esa limitación quede sin efecto cuando la comunidad considere que hay un proyecto “con carácter singular” o se le conceda al mismo una declaración de interés general. Pero eso iría en contradicción con la Ley de Montes estatal.

la Ley estatal apunta a las autonomías como garantes de las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados. Y señala, explícitamente, que “queda prohibido el cambio de uso forestal al menos durante 30 años y toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica”. El artículo 50 de esa norma indica que “con carácter singular” se pueden acordar excepciones a esta prohibición de variación del uso forestal pero advierte de que esta posibilidad solo es factible “siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto”.