Putin tratará como «agentes extranjeros» a las ONG que reciban dinero de otros países

Esta la razón que ha llevado a Rusia Unida, el partido del Kremlin, a presentar un proyecto de ley que convierte en « agentes extranjeros » a todas la ONG que estén financiadas desde el exterior. El documento ha sido aprobado hoy en primera lectura por aplastante mayoría. Votaron a favor 323 diputados de los 450 que componen la Duma, lo que indica que el trámite continuará su curso sin demasiados impedimentos.

El diputado Alexánder Sidiakin , uno de los promotores de esta nueva regulación, señala que lo que se pretende es que cualquier ONG que se financie con fondos extranjeros y participen al mismo tiempo en la vida política de Rusia deberá someterse a un registro como «agente extranjero». Esa «lista negra» tendrá carácter abierto «para que la población disponga de los elementos de juicio necesarios y pueda controlar la actividad de tales organizaciones a fin de determinar qué fines políticos persiguen y si éstos les vienen dados por sus patrocinadores».

Según el texto adoptado hoy, las ONG afectadas deberán proceder a inscribirse en un plazo de 90 días tras la promulgación de la ley ante el Servicio Federal de Registros (FSR). En caso contrario, las propias organizaciones y sus dirigentes podrán ser sancionados con multas de hasta un millón de rublos (unos 24.000 euros), trabajos comunitarios e incluso penas de cárcel de no más de dos años.

La oposición extraparlamentaria, las organizaciones de derechos humanos y las propias ONG han reaccionado con indignación. Todos vinculan la ley con el «miedo» que tiene el Kremlin a las movilizaciones en contra del autoritarismo reinante. Varios especialistas han llamado la atención sobre el hecho de que, si la norma se aplica al pie de la letra, hasta la Iglesia Ortodoxa Rusa, que recibe dinero de sus diócesis en distintos países del mundo, tendría que ser considerada «agente extranjero».

Las principales ONG rusas que cuentan con ayudas de instituciones norteamericanas y europeas velan por el respeto de los derechos civiles y promueven la democracia. La veterana Ludmila Alexéyeva, jefa del Grupo de Helsinki de Moscú, se queja de que «aquí sigue viva la idea de que Rusia es una fortaleza asediada, algo que arrastramos desde los tiempos de la Unión Soviética , y de esos sentimientos, propios de muchos de nuestros ciudadanos, quiere aprovecharse el poder».

Putin dijo en una ocasión que «el dinero fluye hacia determinadas actividades políticas en Rusia. Sabemos quién paga y lo que se encarga con ese dinero . Ningún Estado respetable permitiría eso y nosotros tampoco». En cualquier caso el Tribunal Supremo de Rusia ha recomendado a los legisladores que introduzcan algunas enmiendas en la ley antes de su aprobación definitiva.