La subida de impuestos pone al sector turístico canario en pie de guerra contra Paulino Rivero

“¿Cómo hago yo para explicarle a un turoperador alemán que los precios que pactamos hace más de un año para la temporada de invierno ahora no van a ser posibles? El aumento fiscal me lo tendré que comer yo”, decía a este periódico, desconsolado, un importante hotelero del norte de Tenerife, la zona de la que precisamente, procede Rivero. El impuestazo implica un 40% más en el IGIC, que pasa del 5 al 7%. “Por cada diez euros que tributaba, ahora tendré que pagar 14; la diferencia es enorme”, ilustra con claridad el empresario.

Junto con esta subida —cuya legalidad está en entredicho, ya que la ley que regula la fiscalidad canaria prevé un tipo general “comprendido entre el 3 y el 6%”, pero nunca del 7—, el pacto CC-PSOE retrocedió en una de las que habían sido las medidas estrella de la pasada legislatura, la práctica eliminación del impuesto de sucesiones, impulsada por el hoy ministro José Manuel Soria cuando gobernaba con CC. Vendido a la opinión pública como un asunto de justicia social, lo cierto es que su aplicación tiene casi el mismo grado de universalidad que el IGIC. Además, se han creado nuevos tributos, por ejemplo, a las grandes superficies comerciales y a transacciones financieras.

El enfado monumental de los responsables de la que se entiende como primera industria de las Islas se puso de manifiesto claramente esta semana, cuando no se quisieron sentar a la mesa donde se iba a firmar la renovación del “Pacto por la Competitividad y la Calidad del Turismo”, nombre pomposo que incluía unos acuerdos que el gobierno regional ha sido el primero en incumplir.

El gerente de la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Juan Pablo González, lo tenía muy claro: la foto que se pretendía obtener iba a ser cuanto menos “rara”, pues el gobierno borraba con el codo del IGIC lo que había escrito con la mano en este pacto. Había allí una declaración de intenciones y apoyo al sector que no se condecía con la subida del IGIC, que afecta directamente a las empresas turísticas, que ahora tendrán que soportar este sobrecoste por sí solas.

En la otra gran patronal del turismo, la FEHT, se insistía en que la medida “ pone en riesgo el único sector que funciona y crea empleo en Canarias”, según su presidente, Fernando Fraile, que calcula que el impuestazo de Rivero se traducirá en unos 100 millones de pérdidas que deberán ser asumidas por los empresarios.

Del mismo modo, las cámaras de comercio han mostrado su malestar sin dobleces. La entidad de Tenerife no dudó en transmitir al ejecutivo canario el “tremendo malestar” de todos los sectores económicos por la subida de impuestos en la que ven una medida “desproporcionada”, especialmente en un momento “en el que la demanda interna está muy débil”.

En la Cámara de Gran Canaria, por su parte, se entiende que el gobierno de Paulino Rivero tenía aún margen de maniobra para recortar los gastos , “sobre todo, si decide suprimir empresas públicas e incluso cerrar la policía autonómica”, según dijo su responsable máximo, José Sánchez Tinoco. Pero lejos está de las intenciones de Rivero cerrar la policía propia, un viejo anhelo de los nacionalistas que no tiene casi visibilidad en la vida pública.

Sánchez Tinoco será, por otra parte, quien recibirá este lunes en la Cámara a José Manuel Soria, que en cada visita a las Islas que hace suele agitar las aguas de su enfrentamiento con Rivero. Esta vez, con la subida de impuestos a la que él siempre se resistió cuando eran socios, no le faltará tema de qué tratar.