Indultado el ex secretario general de UDC condenado por el «caso Treball»

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el indulto de Servitje, al que se ha sustituido la pena de prisión por una multa de 3.600 euros , junto a la del empresario de UDC Víctor Manuel Lorenzo Acuña, condenado a dos años y tres meses por el «caso Treball» y a un año y un mes de cárcel por el llamado «caso Turismo».

Servitje, que fue secretario general del Departamento de Trabajo con el conseller de UDC Ignasi Farreres, fue condenado por la Audiencia de Barcelona a cuatro años y medio de prisión por considerar que urdió junto Acuña la trama que permitió el desvío de 7,6 millones de las antiguas pesetas de la consellería mediante la contratación de estudios inútiles por parte de empresarios afines.

En su disposición, el Gobierno asegura que ha concedido el indulto a Servitje, acordado en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 17 de febrero, teniendo en cuenta los informes del tribunal que lo juzgó y del Ministerio Fiscal.

Junto a Servitje, el Ministerio de Justicia ha indultado al empresario de UDC Víctor Manuel Lorenzo Acuña , ex cuñado del dirigente del partido Josep Sánchez Llibre, que fue condenado por los casos de malversación «Treball» y «Turisme» y estaba pendiente de cumplir una pena de dos años y tres meses de cárcel.

Por el llamado «caso Treball» fue también juzgado y absuelto el ex conseller de Trabajo Ignasi Farreres, dado que la Audiencia de Barcelona consideró en su sentencia que no estaba probado que conociera la «injusticia y arbitrariedad» de las resoluciones que firmó para encargar los estudios de dudosa utilidad.

Por el contrario, la Audiencia de Barcelona sí dio por probado que Servitge y Acuña se pusieron de acuerdo para «distraer fondos» del departamento de Trabajo mediante la concesión de subvenciones y la contratación de informes a través de dos empresas, Gestumer y Socesa , controladas por Acuña.

Según el fallo, el dinero «desviado» por el pago de estos informes los destinó Acuña en «beneficio propio y/o de terceros cuya identidad no ha quedado revelada ».

La sentencia considera probado que los ocho informes sobre derecho laboral contratados, por los que se pagaron 7,6 millones de las antiguas pesetas, no respondían a una «necesidad real» del departamento, por lo que se trató de una actuación «totalmente ajena al interés público».