Clemente confía en que la UE cambie la definición de agricultor activo

Clemente se reunió en el Parlamento Europeo en Bruselas con diputados miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. En concreto, lo hizo con el presidente de la Comisión, Paolo de Castro; el ponente del reglamento de pagos de la reforma, Luis Manuel Capoulas Santos;n los diputados populares Agustín Díaz de Mera, Gabriel Mato, Pilar Ayuso y Esther Herranz, y con los socialistas Iratxe García, Alejandro Cercas y Sergio Gutiérrez.

Los objetivos de este encuentro se centraron en trasladar a los parlamentarios la importancia de la PAC para los intereses de Castilla y León, y por ello el interés del Gobierno regional en la futura reforma, así como dar a conocer la postura de la Comunidad, consensuada con el sector, ante el borrador del documento; y mostrar el rechazo de la región a la propuesta presentada por el comisario europeo, Dacian Ciolos. La delegación castellano y leonesa quiere buscar alianzas en el Parlamento Europeo y así poder introducir enmiendas a los actuales textos y mejorar la reforma para los intereses de Castilla y León. Además, se ha pedido a los parlamentarios que se solicite a la Comisión un estudio de impacto económico desde el punto de vista territorial y sectorial para conocer como afectará la futura reforma, informa Ical.

Ante los medios de comunicación Clemente recordó que desde que se conoció la propuesta de la Comisión, su departamento «ha tenido la voluntad de intervenir sobre propuestas para mejorar PAC, en un trabajo con las opas de Castilla y León y con el Gobierno central». Ayer la consejera tuvo la oportunidad de estudiar los asuntos que pueden ser objeto de enmienda, así como buscar alianzas con otros países. En este sentido, se refirió al concepto de agricultor activo. «Si queremos que las ayudas estén legitimadas, no sirve este concepto, porque si no es imposible desmontar a aquellos que no tienen tierras productivas, ya que quedan exentos los agricultores y ganaderos que reciben menos de 5.000 euros anuales, que son el 84% de los que reciben ayudas europeas y el 75 en España».