Aplazado un «polémico» desahucio

No ha pegado ojo en toda la noche la familia Quiroga Sanz. La amenaza de arrebatarles la vivienda de 130 metros cuadrados ubicada en la calle Norte, 23 del barrio de Malasaña, donde llevan viviendo desde 1945 en régimen de alquiler, ha estado presente durante toda la mañana. Finalmente, gracias a la presión ejercida por el medio centenar de personas pertenecientes a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Stop Desahucios y el 15-M , el desalojo no se ha llevado a cabo.

La situación en la que se encuentra Victoria Sanz, de 84 años, es sin duda dramática. "Lleva meses sin moverse del sillón. Tiene cáncer, problemas cardiacos, en las piernas, diabetes y no oye bien", explicaba a primera hora de la mañana el hijo con quien convive la mujer, Antonio Quiroga Sanz, quien padece una minusvalía del 47% en su sistema auditivo. "No es justo que se tenga que ir a una pensión como están", reprochaba Sandra, nieta y sobrina de los afectados. Mientras, el resto de familiares hacía acopio de muebles y enseres por si el desalojo se llevaba a efecto.

A las 11.15 de la mañana se presentaron varios agentes de la Policía Municipal, la comisión judicial y la parte demandante, la promotora Prado Norte, para cumplir la sentencia de desahucio. "Debemos 20 mensualidades de 250 euros. Lo hemos intentado pagar todo, pero no nos dejan", explicaba Antonio Quiroga. "Si a mi abuela le tocó una lotería de 9.000 euros y trató de pagarlo e incluso 3.000 euros más, pero no querían", apuntaba Sandra, la nieta.

Por su parte, Miguel Garcimartín, abogado de Prado Norte, informaba de que la familia tenían la obligación de pagar un arrendamiento de 158 euros, y no 250, que siempre abonaban "mediante reclamación". "Jamás lo han ingresado puntualmente y ya no se ha querido aguantar más. Año tras año teníamos que reclamárselo y si dijésemos que no tienen solvencia, pero la anciana cobra una pensión de 900 euros y él más de 1.000 euros en la ONCE . Es más que polémico", puntualizó Garcimartín. El mismo consideraba que el apoyo prestado por las diferentes plataformas, en este caso, "está en entredicho, ya que la información está sesgada".

Por su parte, Alberto Martín, defensa de los arrendados, hablaba de que la medida legal emprendida por Prado Norte es una forma de conseguir alquilarlo "por 1.500 euros, lo que está cobrando al resto de vecinos de este mismo bloque. La intención de mis clientes es pagarlo todo, pero que se vuelva a celebrar el juicio al que no se pudieron presentar porque Victoria estaba enferma, y así renovar el contrato". Según aclaró Martín, han presentado un recurso para que se repita el jucio, aunque Garcimartín indica que no se ha admitido a trámite y, "en ningún caso se renovaría el arrendamiento dados los problemas que han presentado para pagar".

La presión de las diferentes plataformas ha permitido que la comisión legal permitiese a Samur valorar las circunstancias de salud de Victoria, que al ser calificadas de "complicadas" han pospuesto el desahucio. En los próximos días, los servicios sociales analizarán la situación familiar. "Así ganamos tiempo para que se pueda celebrar el juicio", consideró el abogado de Victoria y Antonio.