Moncloa refuerza el control de la UCO con la excusa de las filtraciones

Esto generó un profundo malestar del presidente del Gobierno con el ministro Fernando Grande-Marlaska y un cambio notable en las dinámicas de trabajo. La presión sobre la UCO se ha incrementado ostensiblemente, según ha podido saber este diario. Las peticiones de información o las «injerencias» se suceden, desde algunos mandos del ministerio, para tratar de hacer un seguimiento más exhaustivo sobre el contenido de las pesquisas de esta unidad de élite de la Guardia Civil, algo que ha llegado a generar situaciones de conflicto interno. Pero, según apuntan las citadas fuentes, ante la falta de resultados en este sentido, desde Moncloa se han centrado en aumentar la supervisión sobre los equipos bajo la excusa del daño reputacional anticipado que provocan las filtraciones en los medios. Esto es, en el Gobierno quieren cegar las fugas de información, ese goteo que provoca un serio desgaste y mina su imagen durante semanas o meses hasta que se acaban concretando. Se quejan continua y encarecidamente de que «informaciones no contrastadas» ocupen espacio mediático y «horas de tertulia en radios y televisión» antes de que exista un informe oficial sobre los hechos que las sustenten. Además, estas informaciones obligan al Gobierno a marcar posición e hilvanar una defensa sin conocer el contenido concreto de lo que se investiga, lo que les deja totalmente expuestos cuando los informes acaban saliendo a la luz.

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Especialmente vehementes se mostraron, en este sentido, sobre el caso de Cerdán, con el consabido resultado. El Gobierno desarrolló una estrategia errática, aferrándose hasta el final a la inocencia del entonces secretario de Organización socialista, a pesar de lo publicado por los medios sobre su incriminación en el caso. Hasta tal punto se ataron a él, que la misma noche que se avanzó el contenido del informe que le situaba en la cúspide del triángulo criminal, desde la dirección del PSOE se emitió un comunicado en el que seguían cerrando filas con Cerdán. Solo unas horas después, se anunciaba su cese y el abandono del escaño en el Congreso de los Diputados, tras publicarse el contenido íntegro del mismo. La imagen que Moncloa proyectó hasta entonces, con varios ministros poniendo la «mano en el fuego» por él o incluso el presidente del Gobierno defendiendo su «honestidad» en sede parlamentaria ante los ataques de Feijóo llevaron a Sánchez a afearle a Marlaska su desidia en la monitorización de casos con un potencial tan desestabilizador para el Gobierno y el PSOE.

En el horizonte más inmediato quedan pendientes otras investigaciones sobre «otros aforados», se apunta al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, o la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante su etapa como presidentes de Canarias y Baleares, respectivamente, y también las pesquisas sobre las patrimoniales de José Luis Ábalos y el propio Cerdán. Pero sobre ninguno de estos asuntos se han producido, por ahora, filtraciones. Especialmente sensibles son los informes que afectan tanto al ministro como a la tercera autoridad del Estado, por ello, desde Interior se han reforzado los controles bajo la premisa de evitar el desgaste y la desestabilización añadida que podrían suponer. El blindaje llega también hasta el ex secretario de Organización que se encuentra en la prisión de Soto del Real de Madrid. Tras interrumpirse el flujo de información por parte de Instituciones Penitenciarias a la UCO de las visitas que estaba recibiendo Cerdán en la cárcel, ahora se ha extremado la seguridad para evitar que existan filtraciones sobre su estancia en el penal, después de que se publicaran unas fotografías suyas en el interior de la cárcel.

La falta de control político sobre los asuntos más sensibles se trató de solventar con cambios en la cúpula de Interior. Tras la salida de Rafael Pérez, mano derecha de Marlaska, la sala de máquinas del ministerio pasó en mayo a manos de Aina Calvo, que saltó de la Secretaría de Estado de Igualdad a la de Seguridad. Esta licenciada en Filosofía tiene un perfil netamente político, vinculado al PSOE: fue alcaldesa de Mallorca y delegada del Gobierno en Baleares antes de desembarcar en el Gabinete.

El relevo llegó en un momento de máxima tensión, marcado por los polémicos audios de Leire Díez, en los que buscaba información comprometida para desacreditar a la UCO y, explícitamente, al teniente coronel Antonio Balas. Y también tras la crisis generada por el contrato de balas rubricado con Israel, cuya continuidad Marlaska asumió como un «error o un desajuste puntual». El conflicto generado que puso de relieve la falta de coordinación y dirección política del ministerio. No en vano, el propio Sánchez dio la orden de enmendar la decisión del ministro y que se iniciara el proceso de rescisión del contrato de 15 millones de balas.