«La reforma electoral es complicada: requiere el acuerdo de los partidos 'sobrerrepresentados'»

Los «indignados» lanzaron al aire su (¿utópica?) propuesta, pero sin aclarar detalles legales o si ésta presupone una reforma constitucional. Juan, portavoz del colectivo, explicó en una entrevista digital en ABC que lo que sí piden es «un cambio del actual sistema y actual democracia», para que «políticos, grandes empresas y entidades financieras hagan partícipes a todos los ciudadanos».

Los jóvenes de la Puerta del Sol (al igual que partidos como Izquierda Unida o Unión, Progreso y Democracia) argumentan que la obtención de escaños se hace con escasa representatividad y que el sistema actual desprecia a las minorías porque la necesidad de ganar, circunscripción a circunscripción, obliga a estos partidos a tener una fuerte presencia en cada una de ellas. En segundo lugar, por las dificultades de crecimiento progresivo a los que se enfrentan. Es decir, para estos partidos es casi imposible llegar a convertirse en futuros partidos mayoritarios.

Más allá de peticiones y meras propuestas se antoja necesario pensar si realmente es posible llevar todas estas propuestas del papel a la realidad, previo paso por los correspondientes trámites legales y parlamentarios. ¿Es posible cambiar el sistema electoral? ¿Hay que modificar la Constitución? ¿Se puede conseguir más proporcionalidad sin perder estabilidad parlamentaria? ¿Es injusta la fórmula electoral por castigar a las minorías? ABC habla con tres expertos en Derecho Político que desgranan las claves de una posible y futura reforma electoral .

Antonio Torres del Moral, catedrático en Derecho Constitucional de la UNED explica que «la ley electoral sigue en pie a pesar de las inexactitudes ya que tiene mala solución si no se reforma la Constitución ». La dificultad de un cambio del texto constitucional (artículos 68 y 69), radica, además de en sus complejos procedimientos, en que a los dos grandes partidos, PSOE y PP, «no les interesa cambiar un sistema electoral que claramente les beneficia». «Son los dos partidos mayoritarios quienes se benefician de los restos de circunscripciones pequeñas», explica el catedrático.

Según Torres del Moral, «sí se pueden aplicar retoques». El primero de ellos consiste en aumentar el número de diputados de 350 a 400. «Se crearía u na bolsa de 50 escaños para repartirlos haciendo un cómputo nacional», puntualiza.

La segunda posibilidad reside en rebajar la barrera electoral para las elecciones del 3% al 2%.

La tercera, y la más difícil, sería sustituir la actual fórmula de D´Hont por otra más proporcional como el sistema de restos mayoritarios u otras fórmulas.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Manuel Carrasco Durán , aporta una cuarta posibilidad : la posibilidad de incorporar listas abiertas como en el Senado, otra de las peticiones que sí concreta el Movimiento 15-M de «indignados».

Además, el profesor Carrasco aporta el ejemplo del sistema alemán . En el Bundestag se eligen la mitad de los escaños por un sistema proporcional, y la otra mitad, por un sistema mayoritario. «Si bien- -puntualiza Carrasco- la proporcionalidad de este sistema se ha visto mermada por la aplicación de una barrera del 5%».

Pese a la posibilidad de aplicar retoques, el profesor de la Universidad de Sevilla explica que la reforma definitiva «sería la de suprimir la circunscripción provincial en las elecciones al Congreso de los Diputados y sustituirla por una única circunscripción nacional ». No obstante, esta medida conllevaría una compleja reforma de la Constitución.

El sistema de listas abiertas también tiene inconvenientes. La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, Asunción de la Iglesia , explica a ABC que en la práctica y tal y como se demuestra en el Senado «las listas abiertas no son operativas ya que los electores las cierran votando a los candidatos propuestos por un mismo partido».

Para la profesora de la Universidad de Navarra, las reclamaciones del 15-M «más que una limitada correción requieren una reforma constitucional». Aquí, De la Iglesia coincide con Torres del Moral: «La reforma legislativa, aunque sea limitada es muy difícil porque su adopción requiere el acuerdo de los partidos 'sobrerrepresentados' . Algo muy complicado».

De este modo, según coinciden los expertos, el Congreso, copado por los dos grandes grupos parlamentarios, difícilmente llegaría a un consenso para reformar la ley electoral. Los «indignados» tienen un largo camino lleno de obstáculos. No les queda otra opción que luchar por la utopía y seguir su lema: «Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir».