Trescientos inmigrantes en huelga de hambre en Grecia para exigir un permiso de residencia

La ministra de Educación, Ana Diamandopulu, declaró que «estas desgraciadas personas que se encuentran en la Facultad de Derecho no están ahí casualmente, sino que han sido llevadas y dirigidas hasta ahí. Es indignante que fuerzas políticas utilicen de esta forma tan provocadora la angustia humana para servir a objetivos partidistas, destruyendo las libertades de la universidad» (en referencia al asilo universitario y a la imposibilidad de las fuerzas policiales de evacuar el edificio sin que lo solicite el decano o una orden del Fiscal).

Diamandopulu insistió en que «la transformación de la Facultad de Derecho en un campo de inmigrantes supera cualquier limite de tolerancia» y denunció que las autoridades de la Universidad de Atenas deberían proteger el funcionamiento académico de la institución, que permanecerá cerrada varios días . Para la ministra, «las leyes deben de cumplirse, con la participación de todos los miembros de la sociedad, para que finalice esta situación insostenible».

El ministro de Protección del Ciudadano (antes Ministerio de Orden Público), Cristos Paputsis, insistió en que el asilo universitario «no es la excusa para un comportamiento irregular de las instituciones, ni para la incompetencia administrativa». Paputsis recordó que las autoridades universitarias tienen la responsabilidad exclusiva de afrontar la situación creada en la facultad.

Las autoridades universitarias consideran que la culpa de esta situación es del estado y de la sociedad, e insistieron en que no pudieron impedir la entrada de estos inmigrantes, que se encuentran ahora instalados con sus sacos de dormir en distintas dependencias.

Los inmigrantes, en su mayoría de habla árabe , al parecer norteafricanos, insisten en que no abandonarán la huelga ni la facultad sin un permiso de residencia en la mano, algo que el Ministerio del Interior ha dicho que no concederá. La mayoría procede de la isla de Creta, donde trabajaban en el mercado irregular. Al parecer, miembros de distintos movimientos políticos les facilitaron el traslado a la capital griega.

El partido comunista KKE aseguró que «quienes han llevado a estos inmigrantes al edificio en obras de la Facultad de Derecho no ayudan a las justas reivindicaciones de los inmigrantes-refugiados, sino que les exponen aún más a las calumnias y a las amenazas de partidos y mecanismos  reaccionarios, a la represión del estado y a los chantajes de los grupos que los manipulan».

Por Grecia entran 9 de cada 10 inmigrantes irregulares en la Unión Europea . El gobierno socialista de Yorgos Papandreu está intentando solucionar la situación de más de 120.000 personas que se encuentran en el país intentando seguir su viaje a otro destino europeo.

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