Industria propone a la CNE que la luz recoja en enero el alza del mercado

A la espera del prometido y cada vez más cuestionado «pacto energético» que articule un mecanismo contra el creciente déficit de tarifa del sistema, esta nueva subida se sumaría —además de la citada de octubre— a la registrada el pasdo enero (del 2,64%) y al alza del IVA (un 2%) que entró en vigor en julio. Es decir, si se mantiene el ritmo de crecimiento de los precios de la energía, el recibo de la luz podría subir entre un 2 y un 3% con lo que se habrá encarecido más de un 11% en poco más de un año —diciembre de 2009 a enero de 2011—.

La revisión de octubre marcó un punto de inflexión en la política energética. A diferencia de lo sucedido en enero y julio, el Gobierno se apoyó en la subasta energética para fijar el coste final de la luz. En los meses anteriores el Ejecutivo había aplicado esas subidas sobre el coste regulado —la mitad del recibo— ya que el precio ofrecido por el mercado era bastante más moderado. Tras el verano, sin embargo, el repunte del precio de la energía ha llevado al Gobierno a congelar el coste regulado para contener la subida de la luz. Una medida que no podrá seguir prorrogando mucho más.

Las compañías del sector ya dan por descontada la subida. El presidente de la patronal eléctrica (UNESA), Pedro Rivero, indicó hace dos semanas que los mercados a futuro permiten pronosticar un alza de la subasta, que se celebrará el próximo martes, de entre un 4% y un 5% más de lo que se pagó en la celebrada para determinar los precios del cuarto trimestre.

El documento reserva, también, un apartado para el desajuste de los precios en el mercado. La brecha del déficit tarifario —la diferencia entre el coste de la energía y los ingresos obtenidos en las actividades reguladas— aumentará en 2011 en cerca de 3.000 millones de euros (2.793.401), frente al objetivo de 2.000 millones que se había propuesto el Ministerio de Industria en ese mismo periodo, propósito recogido en el Real Decreto aprobado en septiembre del pasado año para acabar progresivamente con el déficit hasta 2013, fecha en la que el sistema debe ser capaz de encontrar un equilibrio entre gastos e ingresos.

Los números siguen sin salir, pese a los esfuerzos por acelerar la colocación del sobrecoste en los mercados mediante un programa de emisión de bonos. Una maniobra que aún no se ha concretado debido al pánico desatado entre los inversores por la deuda pública española y que, a pesar de que el folleto de registro contempla un periodo de análisis de la demanda que concluye hoy, parece que no arrancará hasta el año que viene, según fuentes empresariales.

En concreto, según recoge Ep, los ingresos del sistema se elevarán a 12.709 millones, por debajo de los costes previsiones, que se sitúan en 15.757 millones. De estos, 7.989 millones pertenecen a la producción regulada de la electricidad, 1.531 al transporte y 5.098 millones a la distribución. Los 3.186 millones restantes se deben al déficit de tarifa correspondiente a los ejercicios anteriores.

El importe de la luz comienza de este modo su particular escalada, más sangrante en época de recortes sociales y elevado desempleo, sin que se vislumbre una alternativa a corto plazo. El aumento del precio afecta a aquellos hogares y pymes acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR), aquellos con una potencia contratada inferior a los 10 kilovatios (KW). Mientras tanto, el Gobierno estudia en el Plan Integral de Política Industrial de 2011, que prevé rebajar a 3 kW el máximo por el que los consumidores pueden acudir a la TUR.

Precisamente, la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) tachó ayer como «inaceptables» las pretensiones del Ministerio de Industria de expulsar del TUR, con esta nueva medida, al 90% de los usuarios antes de julio del año que viene. La organización destaca que, en la práctica, la normativa restringirá a tan sólo tres millones, de los 24 millones actuales, el número de consumidores que pueden recurrir a la tarifa regulada. «Buena parte de los parámetros que se tienen en cuenta para el cómputo de la tarifa, como los costes de generación, no resultan creíbles y han sido puestos en evidencia tanto por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), como por la propia Comisión Nacional de la Energía», añadió la organización.