El «cheque-bebé» ha supuesto un tercio del tijeretazo

Medidas sociales, a la vez que electorales, daban luz verde a una serie de prestaciones económicas que actualmente se han suprimido para poder recortar un déficit que nunca debió crecer tanto.

La primera decisión que tomó el Gobierno ocho meses antes de las últimas elecciones generales pretendía mejorar los recursos económicos de las familias españolas, a la vez que favorecer la natalidad en nuestro país, que tiene una de las tasas más bajas del mundo.

El «cheque-bebé», una ayuda de 2.500 euros, se concedía a las parejas que hubieran tenido o adoptado hijos desde el 1 de julio de 2007. En 2009 benefició a casi medio millón de familias.

Pensiones y nóminas

La prestación se suprimió, por decisión del Consejo de Ministros, el 20 de mayo de este año, y habrá succionado casi 4.000 millones de euros desde su puesta en marcha hasta su cese. Nada más y nada menos que el equivalente a casi un tercio del «tijeretazo» presupuestario de 15.000 millones aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero para reducir el déficit.

Lo han pagado las pensiones congeladas, las nóminas recortadas de los funcionarios, las plazas públicas retiradas y las inversiones no realizadas. El propio presidente del Gobierno ya reconoció que el Estado se ahorraría cada año 1.250 millones con la supresión de una medida que anunció contra las cuerdas: durante una sesión plenaria en la que las pruebas de la cercanía de una crisis económica se hacían más que evidentes. Con su anuncio, el presidente intentó neutralizar las predicciones económicas del principal partido en la oposición con una medida que buscaba más votos que nacimientos.

No fueron pocos los que pusieron el grito en el cielo al conocer la medida y anticipar la llegada de un periodo negro para la economía. Entre ellos, el propio ministro del ramo, Pedro Solbes, ignorante hasta el último momento del alumbramiento de la medida.

Pero no ha sido la única decisión cuya factura se está pagando ahora. Otra de las medidas clave de la hoja de ruta del Gobierno fue la deducción de 400 euros en la declaración de la renta para asalariados, jubilados y autónomos. Se comenzó a aplicar en junio de 2008 y pretendía inyectar 6.000 millones en la economía española. Según reconoció la Administración, la supresión de esta deducción reportaría 5.700 millones a las cuentas del Estado: ahí había ido otro tercio del ajuste.

Parados sin prestación

Y hubo más. En 2009, en plena recesión económica y con una tasa de paro que se incrementaba cada día, el Ejecutivo fijó una prestación de 420 euros durante seis meses a todos los desempleados a los que se les hubiesen agotado las ayudas económicas. La medida se incluía en el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción y pedía que el demandante cumpliera con un perfil: su renta, junto a la del resto de integrantes de la unidad familiar, no podía superar el 75% del salario mínimo interprofesional.

La ayuda se comenzó a pagar en el mes de agosto, aunque con carácter retroactivo a todos los parados que hubiesen perdido su prestación desde el 1 de enero de 2009. Esta medida supuso un desembolso de 1.340 millones de euros. Pero el Gobierno decidió ampliar esta ayuda otros seis meses, a petición de los sindicatos, para dar cobertura a 200.000 demandantes aproximadamente, diez días después de que anunciara un plan de austeridad para recortar en 5.000 millones el Presupuesto recién estrenado (y pocos meses antes de que estallara la crisis en los mercados financieros y las dudas sobre la solvencia de la deuda española). Finalmente, la medida de 420 euros supondrá un coste total 1.853 millones: un nuevo «pellizco» del ajuste.

Otra de las ayudas que impuso Zapatero tres meses antes de las elecciones fue la Renta Básica de Emancipación que, por el momento, se mantiene vigente. El Ministerio de Vivienda transfiere 210 euros a los solicitantes en concepto de ayuda al alquiler y 600 euros de préstamo para el pago de la fianza. Desde el 1 de enero de 2008, 196.898 jóvenes de entre 22 y 30 años se han beneficiado de ella, para lo que el Estado ha aportado 375 millones en los últimos tres años.

Con todo, el plan anticrisis de José Luis Rodríguez Zapatero no sólo se centró en ayudas sociales a familias y desempleados; también intentó crear puestos de trabajo con una medida tan criticada como ineficaz. El Plan E (Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo) se diseñó para impulsar los trabajos en infraestructuras a nivel local y supuso, en palabras del Gobierno, la movilización de unos recursos públicos sin precedentes.

Aceras y pistas de pádel

Según los dirigentes socialistas, el Plan E cuenta con 100 medidas basadas en las empresas, el fomento del empleo, medidas financieras y presupuestarias, y recursos para la modernización de la economía.

Aún así, para gran parte de la sociedad el Plan E ha quedado como una iniciativa para remodelar aceras, cementerios, construir piscinas, pistas de pádel y efectuar trabajos de mejora en las diferentes localidades del país. Una actuación que ha supuesto una inversión de 7.999 millones en 2009 y 5.000 millones en 2010. Tanto como todo el ajuste. ¿Han hecho la suma? Pues apunten: en 2011 anunciarán otro ajuste.