China aspira al Consejo de Derechos Humanos mientras arresta a los disidentes

Cada vez más involucrada en los organismos internacionales dentro de su ascenso como superpotencia, China ya ha presentado su candidatura para ocupar una de las 13 plazas que le corresponden a los países de Asia y el Pacífico . Pero antes debe enfrentarse al escrutinio de los derechos humanos en su propio territorio.

Este martes, la ONU revisa el informe sobre la situación de los derechos humanos en China, que el propio Gobierno ha redactado mientras intenta acallar las voces críticas de los disidentes. Una de las últimas arrestadas es la activista Cao Shunli , quien «desapareció» el pasado 14 de septiembre cuando estaba a punto de coger un avión a Ginebra para participar en una sesión informativa de la ONU sobre derechos humanos y denunciar su violación en China.

Según la ONG Defensores Chinos de los Derechos Humanos (CHRD, en sus siglas en inglés), Cao Shunli ha sido detenida por orden del Ministerio de Asuntos Exteriores , al que estaba presionando desde octubre del año pasado para incluir las opiniones de los disidentes en el informe que Pekín entregará a la ONU. Aunque Naciones Unidas anima a los Gobiernos a que consulten a la ciudadanía en la elaboración de sus informes, Exteriores ha rechazado las peticiones de Cao Shunli alegando que su redacción incluía «secretos de Estado» y argumentando que para ello ya había una página «web» donde se podían dejar comentarios. Incluso un tribunal dictaminó en septiembre que dicho informe era una «acción diplomática» que sólo correspondía al Ministerio de Exteriores.

56 activistas detenidos desde febrero

Para protestar contra esta negativa, Cao Shunli y un puñado de disidentes han venido manifestándose desde junio a las puertas del Ministerio, siendo siempre desalojados o detenidos brevemente por la Policía. A tenor de Human Rights Watch , 56 activistas han sido arrestados desde febrero porque, según denuncia en un comunicado su directora en China, Sophie Richardson , «el Gobierno ha perseguido y castigado a los ciudadanos sólo por tratar de aportar información al informe sobre derechos humanos».

Además, esta ONG ha puesto en marcha una campaña para pedir la liberación de Cao Shunli, quien el pasado mes de marzo explicó en una entrevista a ABC las penurias que sufrió durante sus dos años de confinamiento en un campo de reeducación. Sin condena judicial, la Policía la recluyó dos veces en un «laojiao» , como se conoce a estos campos en mandarín, por su activismo político.

«Es horrible. Te sientes impotente porque exiges explicaciones y nadie te escucha. Cuando ves los castigos, te derrumbas », relató entonces Cao Shunli, quien aseguró que «hay gente que no lo aguanta, como una compañera que intentó suicidarse golpeándose la cabeza contra un muro».

Sin pasar por un tribunal, la Policía china tiene potestad para confinar de forma arbitraria a sus prisioneros hasta cuatro años en estos campos de reeducación mediante el trabajo por «delitos» como manifestarse contra las autoridades, pertenecer al perseguido culto «Falun Gong» , drogarse o prostituirse. Encerrados en los 320 campos repartidos por todo el país, el año pasado había 60.000 personas sometidas a una vida alienante marcada por el lavado de cerebro de las clases de reeducación y los trabajos forzados, el maltrato psicológico y, en ocasiones, hasta palizas. Muy criticados, el régimen chino estudia reformar o abolir tan cruel instrumento de represión, vestigio de la época de Mao, mientras aspira a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Una contradicción que sonaría a broma si no fuera porque hay tantos disidentes «desaparecidos» como Cao Shunli.