Las empresas turísticas podrán ofrecer permisos de pesca a los que pernocten

Este nuevo mecanismo turístico es la principal novedad, junto a la ampliación del plazo de vigencia de los permisos ordinarios -los más habituales en la región- hasta los cinco años, o la regulación de una nueva figura: el vigilante de pesca, una persona voluntaria que colaborará con la Administración para la adecuada gestión de los recursos piscícolas autonómicos.

«Determinados establecimientos como alojamientos o empresas de intermediación turística tendrán una reserva de licencias que podrán entregar directamente condicionado a un alojamiento o a la contratación de acompañantes de los pescadores», explicó Suárez-Quiñones. Este permiso vinculado al turismo no podrá superar el 10 por ciento del total de licencias expedidas en la Comunidad, ni el 15 por ciento de los de cada provincia. Tampoco podrán ser más del 15 por ciento de los cotos de alta ocupación o el 30 por ciento del resto de cotos.

Convencido de que esta medida «va a generar un enorme atractivo» para los aficionados a la pesca y de que conllevará «sin duda alguna» el aumento de las pernoctaciones, del consumo y la creación de algunas empresas, el consejero defendió que el fin último es contribuir a esa «misión trasversal» que tienen todas las consejerías de apoyar el medio rural y «fijar población», consideró.

Además de esta licencia, el decreto, que desarrolla y concreta la Ley autonómica de Pesca, establece otros cuatro tipos -ordinaria, infantil, bonificada e interautonómica-y recoge una reducción del 50 por ciento del importe para la pesca sin muerte.

Junto a una nueva clasificación de los cotos de pesca y la regulación de las asociaciones colaboradoras, se incluye una nueva figura como es el vigilante de pesca. Se trata de una persona voluntaria que deberá pertenecer a una de las citadas entidades cooperadoras y cumplir unos requisitos para ayudar a la Junta de Castilla y León a que en los espacios dedicados a esta práctica se gestionen adecuadamente los recursos. «Ya se había solicitado por parte de los pescadores algo de este tipo y esto viene a darles seguridad jurídica en su colaboración», detalló el titular de Fomento y Medio Ambiente.

Los ingresos derivados de todas las licencias y permisos irán a parar a lo que se denomina Fondo para la Gestión de la Pesca , estimado en alrededor de tres millones de euros y que se dedicará prácticamente en exclusiva a la mejora de los ríos de la Comunidad a través de un plan de actuaciones aún por determinar.

Todo ello compone un decreto «relevante y esperado» que ha tardado en ver la luz más de lo que al Gobierno autonómico le hubiera gustado, reconoció Juan Carlos Suárez-Quiñones, que, no obstante, aseguró que si ha habido retrasos ha sido porque se ha buscando la «máxima participación» por parte de todos los sectores. Y es que es una regulación «importante», explicó, para una Comunidad que cuenta con 10.400 kilómetros de aguas trucheras y 42 zonas acotadas, a la vez que existen 14.070 kilómetros de aguas libres.