La líder de los CDR: «Si podemos parar el puerto sería brutal: los chinos se cabrearían»

La Guardia Civil también sigue la pista de otro sospechoso de comandar la «agitación social» practicada por los CDR hacia instituciones políticas y judiciales. Al cierre de esta edición, los agentes todavía no habían podido localizar el paradero de este vecino de Esplugues del Llobregat (Barcelona) , que no estaba en casa cuando por la mañana acudieron a su domicilio y contra quien también pesa una orden de detención de la Audiencia Nacional.

El operativo policial desplegado ayer se enmarca en la bautizada como «operación Cadera» , dirigida por el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que abrió una investigación tras recibir una denuncia de la Fiscalía por los delitos de terrorismo y rebelión. El Ministerio Público considera que los dos investigados estarían al frente de los actos vandálicos coordinados y llevados a cabo la Semana Santa pasada.

La Guardia Civil practicó dos entradas y registros. En el domicilio de Tamara C. los agentes hallaron documentación sobre un cuartel que el Instituto Armado tiene en la capital catalana, según explicaron fuentes de la investigación. También incautaron teléfonos móviles, un ordenador, una memoria externa, una agenda y cartelería de los CDR.

Un audio de Tamara C. difundido en las redes sociales y grupos de mensajería sobre cómo debían llevarse a cabo los sabotajes desde los CDR es el principal elemento que ha precipitado su detención, según fuentes de la investigación. En esa grabación explicaba estrategias que pensaban llevar a cabo en Semana Santa, como cortes de carreteras y sabotajes de vías férreas , con el fin de justificar una huelga general. Serían el preámbulo de otras acciones más contundentes, como sabotear el Puerto de Barcelona o Mercabarna, acciones que nunca se llevaron a cabo: «Si podemos parar el puerto sería brutal: dejamos sin avituallamiento a las islas Baleares, los chinos se cabrearían», decía en uno de los momentos de la grabación.

Tamara C. es conocida en Viladecans por su activismo social, especialmente en defensa del hospital público de la localidad. Se presentó en las listas de los comunes en las últimas elecciones municipales pero no salió elegida. La arrestada pasará a disposición judicial en las próximas horas, para rendir cuentas ante el juez que dirige la operación, el magistrado Diego de Egea, que la interrogará.

Los disturbios callejeros derivados del conflicto independentista promovidos por los CDR tuvieron ayer también otro foco. Los Mossos d’Esquadra detuvieron a ocho jóvenes por supuestamente haber agredido a agentes de la Policía catalana durante los altercados registrados ante el Parlamento catalán el 30 de enero, tras aplazarse el fracasado pleno de investidura de Carles Puigdemont.

Los ochos arrestados estaban en las localidades barcelonesas de Òrrius, Malgrat de Mar, Arenys de Mar, Pont de Vilomara y en el municipio ilerdense de Solsona. Después de pasar a disposición judicial quedaron en libertad con cargos.

Los partidos políticos independentistas no tardaron en reaccionar a las operaciones judiciales y Junts per Catalunya (JpC), ERC y la CUP salieron juntos a defender sin fisuras a los CDR, a los que consideran activos necesarios para conseguir la secesión.

En esta línea, los tres partidos, para hacer expreso el respaldo sin condiciones a los CDR, presentarán una propuesta de resolución en el Parlamento autonómico , que se votará en el próximo pleno ordinario, para que la Cámara legislativa catalana dé su apoyo explícito a estos grupos. Además, están trabajando con la posibilidad de que se una a este apoyo los comunes de CatComú-Podem, que ayer denunciaron las detenciones al considerarlas «una clara barbaridad».

Francesc de Dalmases (JpC), Ruben Wagensberg (ERC) y Natàlia Sànchez (CUP) aseguraron que los CDR son «cívicos, pacíficos y democráticos» y sus acciones no son violentas. Dalmases aseguró que España está «enferma», Wagensberg anunció que seguirán en las calles para defender la república catalana proclamada el pasado 27 de octubre y Sànchez señaló a los partidos constitucionalistas, los medios de comunicación y la Justicia como responsables de la «criminalización» de los CDR.

Por su parte, Fernando de Páramo (Cs) defendió que hay que «respetar las resoluciones judiciales» y recordó que en el último pleno del Parlament JpC, ERC, CatComú-Podem y la CUP rechazaron condenar la violencia de los CDR. Eva Granados (PSC) dijo no ver motivos para «aplicar la legislación antiterrorista», pero recordó que el caso está bajo secreto de sumario.