Arran se aparta de la violencia hasta el 2-O para priorizar la acción política

La formación juvenil, un «movimiento de contrapoder» que ha dejado claro que tiene capacidad para desplegar « acciones con cierto grado de violencia », se ha apartado voluntariamente de esa imagen y ha optado por no elevar el nivel de agitación y por no causar desórdenes públicos. Esas acciones, según los expertos, son más frecuentes en reivindicaciones estudiantiles o en huelgas.

En cambio, en las movilizaciones identitarias, cuyo máximo grado hoy es el referéndum secesionista, «se apuesta por priorizar el trasfondo político » dejando en un segundo plano las actuaciones más violentas (quema de contenedores, destrozo del mobiliario urbano u otras como las seguidas en la campaña contra el turismo).

Pero los expertos apuntan a que este cese de «actividad revolucionaria» es puntual y como se ha dicho responde a un objetivo marcado previamente. A partir del día 2 de octubre -no se puede descartar del todo que pudiera ser incluso antes-, las mismas fuentes sostienen que el papel de Arran cambiará, igual que el de la CUP. La preocupación, por tanto, no se centra solo en el día de la consulta (en el que puede haber incidentes graves aunque aislados), sino sobre todo en el día siguiente cuando aflore el sentimiento de frustración al no haberse conseguido el objetivo .

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no tienen ninguna duda de que el referéndum no se va a celebrar y, de hecho, cuentan ya con la información necesaria para evitar la consulta en los distintos cometidos que se les han encargado, según fuentes de la investigación. La respuesta a partir del día siguiente también se está diseñando porque la contundencia dependerá de la violencia que se despliegue. El papel de la CUP y de Arran van a ser fundamentales en ese sentido; los primeros comportándose al estilo de la izquierda abertzale, y los segundos como los de Jarrai, los «borrokas» del País Vasco.

Hasta el momento, las acciones han tenido un « bajo nivel de intensidad » en cuanto a las consecuencias provocadas (pintadas y «encarteladas») además de contra intereses turísticos. La duda es si esa intensidad aumentará.

«El grado de violencia -indican fuentes de la investigación- está modulado por el contexto sociopolítico, a la vez que desde la organización se tiene muy en cuenta las consecuencias derivadas de la repercusión mediática». Si otras instancias, véase la CUP u otros independentistas, legitiman esa violencia, esta puede crecer.

Aun así, la máxima entre quienes deben vigilar que la ley se cumpla es la de extremar el cuidado en cada actuación para evitar a toda costa que pueda surgir algún « héroe de la independencia » en una intervención policial, lo que serviría para dar munición a los independentistas y contribuiría a excitar los ánimos.

El despliegue de los tres Cuerpos de Seguridad es ya muy amplio: la Policía ha enviado al menos a 550 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) desde distintos puntos de España, como informó ABC; la Guardia Civil ha hecho lo propio con GRS y unidades de reserva, pero además ambos Cuerpos han desplegado a agentes de Información, que son los que llevan el peso de las investigaciones para localizar urnas, papeletas, detectar movimientos de radicales y estrategias para burlar la ley.

El intercambio de datos con los Mossos d’Esquadra es fluido y los tres Cuerpos han optado por que sean sus unidades de Información las que lleven las pesquisas, apoyadas por Policía Judicial en temas puntuales. Ese intercambio se basa en la confianza respecto a la actuación de la Policía autónoma. «Más allá de alguna actuación individual no se prevé un apoyo al referéndum entre sus miembros». Preocupa el coste que puede tener para los Mossos entre un amplio sector de catalanes una imagen de sus agentes retirando urnas de algún «colegio electoral», de ahí que el objetivo es que no se coloque ni una sola.

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero , contribuye a esta confianza. No se duda de que cumplirá le ley, pero al tiempo se ha convertido en un icono del secesionismo por lo que al Gobierno catalán le costará destituirlo. El 2-O se abren nuevos frentes. Las fuentes consultadas creen que ni los escudos ni la información que recaben los agentes, es decir, la respuesta policial, van a acabar con el problema. Es imprescindible -dicen- una respuesta política «inteligente» que sirva para aplacar los ánimos.