¿El 155? bien, gracias

Terminado y cerrado este, comienza un segundo Consejo para que los consellers de la Generalidad de Cataluña allí sentados en virtud del artículo 155 de la Constitución autoricen las medidas necesarias para que esa Comunidad Autónoma siga funcionando.

Continúa funcionando como siempre. «Como cuando tenía gobierno propio», dicen sus responsables actuales . Los centros de salud se remodelan, las escuelas se cierran o se abren, los agricultores reciben las subvenciones que les corresponden, los jueces se trasladan a sus nuevos destinos. Las facturas las fiscaliza y las paga el ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, desde antes de aplicarse el 155. Las órdenes pertinentes para que todo eso suceda se publican antes en el Diari Oficial de Publications de la Generalitat tras ser aprobadas por ese Consejo de consellers celebrado en La Moncloa donde, cuentan sus participantes, «no se mantienen debates políticos. Simplemente se tratan y solucionan temas de carácter administrativo».

Una prueba evidente del carácter «light» del 155 tal como ha sido aprobado por el Gobierno se refleja en la lectura de ese BOE catalán en el que los decretos se publican únicamente en ese idioma en el capítulo titulado «Ministeris del Govern de L’Estat» y en que estos firman como ministros con la apostilla «al amparo del artículo 155 de la Constitución», no como consejeros del Gobierno de Cataluña.

A Rajoy y los suyos les va bien así; no han demostrado empeño alguno en exigir el empleo del castellano junto al catalán , como ordenan las sentencias del Constitucional y el Supremo. Desde que se aprobó el 155 (28 de octubre de 2017), el único intento de intervenir en Cataluña más allá del papel de gestor administrativo de una Comunidad Autónoma fue el anuncio de que iban a exigir que se estudiara también en castellano en las escuelas.

El Gobierno se hizo un lío, cada ministro interpretó el deseo a su manera y a propósito de una sentencia del Constitucional que echó por tierra algunos artículos de la Ley Wert sobre la materia el Ejecutivo dio carpetazo al asunto.

En estos cuatro meses ninguno de los ministros ha pisado su despacho de la correspondiente consejería del Gobierno catalán. Todos permanecen cerrados. «No hemos querido dar la impresión de que íbamos a gobernar como imperialistas en una colonia» , explica uno de ellos. Cuando van a Barcelona por cualquier otro asunto, tanto Soraya Sáenz de Santamaría, la presidenta de la Generalitat por delegación de Rajoy, como los miembros del Gabinete se reúnen con los responsables de sus departamentos en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Los ministros reciben un informe mensual del máximo responsable de su consejería correspondiente y mantienen contactos permanentes para despachar temas menores, a través de sus principales subordinados, con los funcionarios de cada departamento. Unos contactos que, dada la naturaleza de sus funciones, son más asiduos entre el Ministerio de Interior en Madrid y la Consejería de Gobernación de la que dependen los Mossos d’Esquadra.

La incógnita de por cuánto tiempo se mantendrá en vigor el 155 tendrá que ser despejada por los independentistas catalanes, cuyas disputas internas para decidir quién gobernará están retrasando el final de la intervención.

No deja de ser paradójico que sean ellos quienes permitan que se les siga gobernando desde Madrid. Rajoy es el más interesado en acabar con la situación actual para poder sacar adelante sus Presupuestos y que la vida de los catalanes siga funcionando igual con responsables políticos de allí o de acá.