Vídeo: El Tribunal Constitucional tumba las becas Wert - JAIME GARCÍA

El TC tumba la «vía Wert» para escolarizar en castellano con fondos públicos

Estima parcialmente el recurso de la Generalitat contra el sistema de fondos públicos diseñado por Wert

BarcelonaActualizado:

Estaba condenada al fracaso, llevaba casi un año en punto muerto y ahora el Tribunal Constitucional (TC) le ha dado la estocada definitiva. El alto tribunal ha anulado por «insconstitucional» la conocida como «vía Wert», que ofrecía a los padres la posibilidad de escolarizar a sus hijos en castellano en Cataluña con fondos públicos y sin tener que litigar durante años en los tribunales. La sentencia, aprobada por unanimidad, llega en un momento de máxima sensibilidad en Cataluña después de que hace unos días el Gobierno, que en virtud del 155 tiene competencias en la Consejería de Enseñanza, anunciara que estudia mover hilos para que el castellano recupere el papel de lengua vehicular en esta comumidad.

Una vía muerta

La «vía Wert» o «vía Lomce», habilitada en 2013 por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert , ofrecía 6.000 euros de ayuda –luego la cantidad se rebajó– a las familias para sufragar la enseñanza bilingüe de sus hijos, dinero que después el Gobierno descontaba a la Generalitat. En la práctica, la propuesta embarrancó, ya que no habían centros públicos que ofrecieran escolarización en castellano, lo que obligó a los padres a matricular a sus hijos en centros de élite privados con matrículas inaccesibles. Desde un principio, los padres –medio centenar han accedido a las ayudas– entendieron que era una vía muerta.

La sentencia del TC, hecha pública ayer y que responde a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat en 2014, considera que esta vía para garantizar el castellano es «inconstitucional» y no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

El fallo del alto tribunal, aprobado por unanimidad, se refiere, en concreto, «a la capacidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Alta Inspección de Educación, para decidir sobre la escolarización de esos alumnos en centros privados y a su financiación».

Según el TC, «la alta inspección constituye una competencia estatal de vigilancia, pero no un control genérico e indeterminado que implique dependencia jerárquica de las Comunidades Autónomas respecto a la Administración del Estado». De igual modo, la sentencia rechaza que, «a través de la alta inspección, el Estado asuma competencias que corresponden a las comunidades autónomas».

«Corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo, pero también que tal función ha de desplegarse sin desbordar las competencias que constitucionalmente le están reservadas», señala el fallo.

La sentencia también dirime otras cuestiones sobre la Lomce y, así, declara inconstitucional que el Gobierno pueda establecer, vía reglamento, las bases de la educación plurilingüe (impartición de asignaturas no lingüísticas en lenguas extranjeras) desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato, previa consulta a las Comunidades Autónomas.

El Tribunal sostiene que la ley no especifica el criterio legal que da cobertura a esta competencia del Gobierno para el desarrollo reglamentario básico. Tampoco puede justificarse en que la educación plurilingüe tenga un carácter excepcional, pues, todo lo contrario, abarca prácticamente a todas las enseñanzas no universitarias.

Por otro lado, el Tribunal sí considera conformes a la Constitución los preceptos que atribuyen al Ministerio de Educación la competencia para regular las pruebas de evaluación finales de ESO y Bachillerato, cuya superación es necesaria para la obtención de los títulos académicos, incluyendo la de establecer los criterios de evaluación y las características de las pruebas para cada convocatoria.

Se trata del ejercicio de la competencia estatal para regular las «condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales». Asimismo, recuerda que compete al Gobierno el fijar «las llamdas enseñanzas mínimas».