Medidas que penalizan al turismo, grandes superficies y construcción

Las decisiones más polémicas son hasta la fecha las tomadas por el consistorio de Barcelona, regido por Ada Colau. Por ejemplo, ha empezado a multar a entidades financieras por tener pisos vacíos . El equipo de Colau ha provocado además malestar en un sector clave para la ciudad condal como el turismo al aprobar una moratoria en la concesión de licencias de alojamiento turístico, lo que ha paralizado casi medio centenar de proyectos hoteleros. Además, ha renunciado a la candidatura para ser sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2016, decisión rechazada por toda la oposición.

El gobierno de Madrid, por su parte, ha generado incertidumbre no tanto por las medidas ya adoptadas como por las rectificaciones constantes de sus anuncios y la falta de concreción en sus políticas. Valga de ejemplo la polémica que suscitó la posibilidad de que se llegase a fijar un tasa turística y a los cajeros, negada luego por Carmena (Ahora Madrid), o la indefinición en los planes en torno a proyectos urbanísticos como la operación Chamartín. El consistorio anunció, por otro lado, una subida del IBI para grandes superficies comerciales, deportivas e industriales, medida que según Ciudadanos «hace un flaco favor» a la actividad económica y el empleo.

En esa línea, las «mareas» que gobiernan algunas urbes gallegas también han actuado en contra de proyectos en marcha o ya planteados. El Ayuntamiento de La Coruña, por ejemplo, mantiene un conflicto con el puerto de la ciudad al haber dejado de pagarle la reforma de la zona de la Marina.

Carmena defiende manejar datos que demuestran que la inversión, por ejemplo en el inmobiliario, continúa creciendo en Madrid. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo central, del propio sector y de consultoras confirma n que desde las elecciones locales y regionales de mayo las decisiones de inversión en el ladrillo permanecen en «stand by» a la espera de las elecciones generales de diciembre y el Gobierno que salga de las urnas. Lo que se teme es que se forme un ejecutivo inestable o que revierta las reformas y medidas aprobadas en estos últimos años.

El programa económico de estos regidores se ha dado además de bruces con una realidad bien distinta. Los nuevos alcaldes habían hecho campaña poniendo en duda las condiciones financieras de los créditos acumulados por los consistorios y las prácticas de la banca en materia de desahucios. Según fuentes financieras, los encuentros de algunos de los alcaldes con las entidades financieras les ha hecho ver que los plazos y tipos de interés de esas deudas son razonables y que hay suficientes pisos puestos a disposición de la política de vivienda social.

La deuda municipal se ha convertido en una obsesión para el Gobierno de Pedro Santiesteve. El consistorio, que ha creado una oficina de control financiero, ha hecho una auditoría interna que ha cifrado el pasivo total de Zaragoza 924 millones repartidos en 28 créditos con 15 entidades. Zaragoza en Común cree que las condiciones de esos préstamos asfixian al municipio y pretende reducir la carga financiera, exigiendo para ello a la banca un trato especial. En concreto, el ayuntamiento pide a las entidades rebajas de hasta el 80% en los tipos de interés de esos préstamos.

La concejalía de Economía y Hacienda del Gobierno de Ahora Madrid está diseñando una subida para el próximo ejercicio del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que pagan grandes superficies comerciales, deportivas, hoteleras e industriales para compensar la bajada del mismo tributo a los hogares, aprobada por el equipo de Ana Botella. La medida podría afectar, por ejemplo, a hoteles como el Ritz y el Palace y a los estadios Santiago Bernabéu y Vicente Calderón. Estas superficies tienen un tipo diferenciado según el valor catastral que establece la ley de Haciendas Locales.

Barcelona en Común ha aprobado una moratoria de un año en la concesión de licencias hoteleras, incluidas las que ya estaban en trámite, con el argumento de reordenar y racionalizar el turismo en la ciudad condal. La medida, según estimaciones del sector, ha paralizado la construcción de 48 hoteles y la creación de 5.000 empleos. En esa línea, el ayuntamiento ha renunciado a presentar su candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2016. Por otro lado, Barcelona ha impuesto ya multas de 5.000 euros a bancos por tener 12 pisos vacíos durante más de dos años.

El Ayuntamiento de La Coruña y la Autoridad Portuaria mantienen un tenso enfrentamiento a raíz de las obras de reurbanización de la zona de la Marina. El consistorio gallego, que sufraga el proyecto, ha congelado el pago del mismo al considerar que parte de la operación carece de las licencias necesarias y exige al puerto que las presente. La Autoridad Portuaria cuenta con un informe de la Abogacía del Estado que desmiente esa supuesta ilegalidad. Mientras tanto, las obras no se han paralizado y las compañías adjudicatarias siguen realizando los trabajos.