Griñán, ¿y ahora qué?

De esta forma, el horizonte penal de Griñán, que era consciente de que esta situación se produciría tan pronto como quedara constituido el nuevo Parlamento andaluz (de ahí que en las últimas semanas mostrara su preocupación en su entorno más cercano) quedará ahora en manos del juzgado de Sevilla en el que se investiga el fraude de las ayudas sociolaborales. El abogado de Griñán ya ha pedido este martes al Tribunal Supremo que se declare no competente para investigarle.

En los próximos días se sabrá si el caso seguirá en manos de la juez Mercedes Alaya (que se que va a quedar como refuerzo en este órgano) o de la nueva titular, María Ángeles Núñez Bolaños. Todo apunta a que ese reparto de asuntos que se hará entre Bolaños, Alaya y el también juez de refuerzo Álvaro Martín, los ERE quedarán en manos de la segunda al ser el procedimiento que se encuentra en un estado más avanzado. No obstante, si no hubiera acuerdo entre ellos (y Bolaños quisiera instruir los ERE) la decisión última estará en manos de la Sala de Gobierno del TSJ de Andalucía, y, como adelantó ABC, esta es partidaria de dejar que Alaya concluya esta investigación.

Aunque la defensa de Griñán ha desvinculado la decisión de su cliente de sus inevitables consecuencias procesales (la enmarca en un interés personal por no entorpecer el recién estrenado gobierno de Susana Díaz, a la que Ciudadanos ha pedido la cabeza de los dos expresidentes autonómicos), lo que sí es cierto es que al adelantarse con su renuncia a la probable petición de su suplicatorio por parte del juez del Supremo, Griñán aleja el foco mediático de su persona. No es el primer aforado que actúa de esta forma : en su momento ya lo hicieron obligados por el Grupo Popular el exsenador Luis Bárcenas y el exdiputado Jesús Merino. Ambos renunciaron a sus respectivos escaños cuando el Supremo ya había tramitado su suplicatorio a las respectivas Cámaras.

El pasado 23 de marzo, el juez Alberto Jorge Barreiro recordó a los aforados que los hechos que él investigaba eran «sustancialmente» los mismos que los de la juez Alaya, «hasta el punto -señalaba entonces el magistrado- que, de no ser por el régimen de aforamiento que les afecta (a los cinco imputados), resultaría indiscutible que los hechos tendrían que verse en un solo procedimiento»