Hartazgo mutuo

Los planes de Torres-Dulce para relanzar a su manera la carrera fiscal, reforzar su autonomía y convertirla en eje fundamental de una democracia sólida chocaron con la crudeza y los codazos de la política y la corrupción. Su cálculo fue erróneo. Sabía al tomar posesión que su designación no era bien recibida en amplios sectores del PP porque desconfiaban de su fama de espíritu rebelde, combativo y hasta conflictivo. «No es de confianza», decían... Era el eufemismo de que no sería «de estricta obediencia». Valga como principal mérito de Torres-Dulce que no lo ha sido. En eso ha sido fiel a sí mismo.

No obstante, resulta ridículo simplificar esta dimisión hasta el extremo en que ayer lo hicieron PSOE, IU y el resto de la oposición. «El fiscal se marcha por no aceptar las presiones inadmisibles del Gobierno». Este fue el argumento de una izquierda que con su selectivo criterio de memoria histórica olvida deliberadamente que el de fiscal general es un cargo de designación política. Su nombramiento tiene origen en una decisión estrictamente política y nunca ningún Gobierno ha querido alterar las reglas del juego: la propuesta parte orgánicamente de un Consejo de Ministros. Y lo que no escandaliza a la izquierda cuando gobierna el PSOE , sí le lleva a rasgarse las vestiduras cuando lo hace el PP. El argumentario progresista es una pura contradicción: si hoy resulta meritoria la renuncia de Torres-Dulce por no acatar instrucciones o exigencias políticas contrarias a su criterio, sensu contrario habrá que admitir, por ejemplo, que esas mismas órdenes gubernamentales eran acogidas con el mayor de los agrados por Cándido Conde-Pumpido, y por ello jamás necesitó dimitir con los gobiernos socialistas. Aunque incluso llegara a manchar su toga con el barro del camino, en infeliz expresión acuñada por él mismo.

Al contrario que otros antecesores de corte muy militante , Torres-Dulce ha encarnado al fiscal general que no quería ser político, creyendo ingenuamente que podría cambiar algunos de los vicios perpetuados al frente del Ministerio Público en 30 años de democracia. Su decepción al respecto es patente.

Pero entre el blanco de la sumisión absoluta y el negro de la rebeldía hay numerosas escalas de grises que invitan a no ser reduccionistas con las causas de esta dimisión. No consta ninguna queja del propio fiscal general, de su Consejo Fiscal o de la Junta de Fiscales de Sala en las que se hayan producido denuncias de presiones políticas para «dirigir» algún sumario concreto. ¿No ha actuado Anticorrupción en tres años de legislatura como ha juzgado oportuno en el caso Gürtel, por ejemplo, generando enorme irritación y desgaste en el PP? Si realmente el PP ha presionado al fiscal para «tapar» el caso Gürtel… o bien ha sido de una inusitada torpeza o bien el fiscal general ha actuado con independencia de criterio. Cuarenta y tres procesados lo acreditan hoy. En cualquiera de los dos casos, gana la lucha de la democracia contra los corruptos. Y eso ocurre con este Gobierno, lo cual tiene un mérito que a Mariano Rajoy se le pretende negar.

Falta de mando y alivio del Gobierno. Esta ha sido una de las legislaturas más convulsas para la Justicia. En sus primeros meses dimitió Carlos Dívar como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ tras una campaña de acoso de la izquierda judicial -y también de sectores de la conservadora APM-, dejando en una posición de franca debilidad al ministro Ruiz-Gallardón. El sustituto de Dívar, Gonzalo Moliner, fue una solución provisional hasta que se renovó el CGPJ y entró Carlos Lesmes. Y el propio Gallardón dimitió hace tres meses desautorizado por su ley del aborto. Esta concatenación de salidas culmina ahora con Torres-Dulce, a quien ya desde 2013 se le atribuía un importante distanciamiento de su mentor Gallardón.

Negar que hay alivio en el Gobierno sería absurdo. La distancia entre el actual ministro, Rafael Catalá, y Torres-Dulce también es abismal. Durante el Gobierno de José María Aznar, Torres-Dulce aspiró a acceder a una plaza de magistrado en la Sala Penal del Supremo, pero no se vio con buenos ojos desde el Ministerio de Justicia de Ángel Acebes y José María Michavila, en el que Catalá era ya alto cargo. La crítica del Gobierno a Torres-Dulce se basa en su falta de autoridad interna : la libertad de criterio y la independencia funcional que la ley atribuye al Fiscal no equivale a conceder autonomía extrema a todos los fiscales. La carrera es jerárquica, con una sólida estructura de mando que el fiscal general debe ejercer. Pero el Ejecutivo cree que él no se ha impuesto frente a erróneas decisiones de algunos fiscales. No mandaba.

El caso definitivo ha sido el desafío de Artur Mas con su «consulta» del 9-N y la tardanza de la Fiscalía en reaccionar, unida a la «rebeldía» demostrada por los fiscales catalanes proclives al no actuar penalmente contra la Generalitat. Ha sido la puntilla. Los tiempos de Torres-Dulce para manejar jurídicamente la respuesta a Artur Mas han chocado con la imagen de pasividad del Gobierno en su respuesta. Desde el PP catalán se filtró el día 9 por la noche que Torres-Dulce ultimaba una querella. No era cierto y la cuerda quedó extremadamente tensa… como lo estaban ya, recíprocamente, la paciencia de Torres-Dulce y de medio Gobierno. Hasta ayer, que se rompió por un hartazgo mutuo. A dos bandas.