Juan Ortiz también salió antes de tiempo de la Fiscalía tras ser nombrado por el PP

La crisis abierta en la Fiscalía y algunas actuaciones polémicas marcaron el mandato de Ortiz, el más breve de un fiscal general hasta entonces. Nada más acceder al cargo, ordenó abrir una investigación en la Fiscalía de la Audiencia para detectar y tratar de solucionar los problemas que había surgido entre los representantes del ministerio público en este tribunal.

En concreto, se trataba de poner fin a los problemas surgidos entre un grupo de fiscales llamados «rebeldes» o «indomables» y su jefe José Aranda, que el propio Aranda atribuyó a su decisión de presentar la querella contra el exbanquero Mario Conde sin el conocimiento de sus subordinados.

A la vista de la inspección, Ortiz Urculo decidió la remoción del fiscal jefe José Aranda por su «falta de autoridad». Pero la inspección derivó además en la apertura de expedientes a los fiscales Eduardo Fungairiño, María Dolores Márquez de Prado, Ignacio Gordillo y Pedro Rubira que, ante la amenaza de dimisión en bloque, concluyeron varios meses después con sanciones menores, excepto en el caso de Márquez de Prado, para quien se propuso el traslado forzoso.

La incapacidad de Urculo para cubrir la plaza de Aranda, tras proponer a Luis Poyatos, que tuvo que retirar su candidatura por su pasado ideológico, marcó igualmente su accidentada gestión, en la que pesaban también otras actuaciones polémicas.

Igualmente polémica resultó su decisión de celebrar el juicio del «caso Rumasa», frente al criterio del fiscal del caso, Ignacio Gordillo, que había pedido el archivo del mismo y que habría supuesto la suspensión del juicio al ser esta la única parte acusadora en el proceso.

El 9 de mayo de 1997, el Consejo de Ministros destituyó Ortiz Urculo, tras negarse a presentar su dimisión pese a que la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, se la requirió repetidamente.