Así se desactivó la declaración de soberanía catalana del 2013

El primer paso de esta aventura soberanista fallida fue el pacto de CiU, ERC e ICV-EUiA para sacar adelante la «Declaración de soberanía y derecho a decidir del pueblo de Cataluña» en la que afirmaban que el «pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». El texto fue llevado al Parlamento catalán y aprobado el 23 de enero de 2013. En el pleno, 85 diputados a favor (CiU, ERC, ICV y uno de la CUP) y 41 en contra (PSC, PP y C's).

Ante el desafío lanzado por Artur Mas, los mecanismos del Estado se pusieron en marcha para frenar los efectos del texto. Aunque la declaración no ofrecía mecanismos jurídicos concretos, el Gobierno de Mariano Rajoy presentó una impugnación ante el Tribunal Constitucional que hizo que se paralizara temporalmente hasta que los magistrados estudiasen el caso en profundidad y pudieran dictar una sentencia.

El Tribunal Constitucional puso punto y final a esta deriva soberanista el 25 de marzo de 2014. Mientras surgían debates públicos sobre si la declaración tenía efectos jurídicos o era solo un brindis al sol para satisfacer una de las promesas electorales de Artur Mas, los magistrados zanjaron el debate con una sentencia.

El TC declaró inconstitucional y nula la cláusula primera que proclamaba «el carácter de sujeto político y jurídico soberano de Cataluña». Los jueces consideraron, por unanimidad, que el texto vulnera los artículos de la Constitución 1.2 (que proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español) y 2 (que afirma que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española). Incluso, contravenía también dos artículos del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Sin embargo, el tribunal si reconoció que «cabe una interpretación constitucional» en el llamado «derecho a decidir», un término al que los nacionalistas se han agarrado para continuar adelante con su proceso soberanista. Sin embargo, la sentencia también despeja algunas de las dudas que hoy plantea el desafío independentista y que se consideran líneas rojas: «una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España», zanja tajantemente la sentencia.