La Diputación de Valencia busca degradar a Carmen Ninet, que cobra más de 87.000 euros

La diputación que preside el popular Vicente Mompó abrió un expediente de información reservada a la que fuera diputada autonómica del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas durante 16 años para solicitarle información sobre su acceso al puesto de trabajo que ostenta actualmente. Los cinco días de plazo transcurrieron sin que Ninet aportara documentación alguna, por lo que la corporación entiende que no dispone del título universitario, requisito fundamental para una plaza de libre designación A1.

Por ello, la administración provincial ya trabaja en acabar con su cargo de subdirectora del MuVIM y ofrecerle «un nuevo empleo acorde a su formación» dentro del área de Cultura, cuya reordenación se espera que vea la luz a finales de año o comienzos de 2026.

No obstante, pese al intento de acabar con esta supuesta designación fraudulenta, los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia señalan a ABC que Ninet no puede ser despedida al guardar condición de personal laboral y no de funcionaria. Pero, no solo eso, si no que además podría mantener el elevado sueldo que percibe como subdirectora de museo, incluso aunque se le degradara de categoría.

Esto se debe, según las mismas fuentes, a que podría haber consolidado sus derechos retributivos como A1, algo que se está analizando con detalle antes de tomar una decisión. De ser así, «aunque se le ofrezca un puesto más bajo, tendría derecho a seguir cobrando lo que cobra ahora», apuntan, aunque no descartan que, por su edad, pudiera solicitar la jubilación.

Ninet fue contratada en la diputación como personal laboral fijo en el grupo D en el año 1980. Casi dos décadas después, en 1999, accedió a las Cortes Valencianas como parlamentaria socialista, cargo que ha ocupado durante cuatro legislaturas en las que ha desempeñado las funciones de secretaria de la Mesa de la Cámara y de portavoz adjunta. De hecho, fue una de las dos diputadas del PSOE que ejerció la acusación popular contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps en el caso Gürtel. En 2012, el organismo provincial -entonces presidido por Alfonso Rus- aprobó una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), mediante la que su puesto «reservado» de jefa de sección de Coordinación constaba «caracterizado como A1 24 B3 F CM S A1 901».

En ese mismo documento, aparece recogido que la ahora señalada es «empleada pública en régimen jurídico-laboral en situación de excedencia forzosa por su designación para cargo público». En 2015 decidió no concurrir por quinta vez a las elecciones autonómicas y se reincorporó a su plaza como jefa de sección en el Centro Cultural La Beneficiència y, un año después ya con la izquierda gobernando la institución, se modificó la RPT para nombrarla «subdirectora A1 26 B3 F LD S A1 901».

Finalmente, en diciembre de 2019, se aprobó la modificación de las características del puesto de subdirector respecto al complemento específico y al que se encontraba adscrita de forma provisional Ninet, «manteniendo inalterable el resto de su caracterización, debiendo suscribir la oportuna acta de aceptación», según rezaba el documento oficial. Un cargo que lleva aparejado un sueldo cuantioso con el que habría llegado a ganar más de 700.000 euros durante los últimos nueve años, de acuerdo con las tablas salariales establecidas por la Diputación de Valencia. Después de todo, la corporación argumenta que la amortización del puesto de la pareja de Ángel se debe a que la dirección del museo MuVIM está «sobredimensionada», ya que la dirigente se encuentra en la misma categoría que ostenta su director Rafael Company.

En paralelo, el PSOE anunció que solicitará un «exhaustivo» informe jurídico al secretario de la Diputación de Valencia ante las «dudas» sobre la investigación que terminó con la dimisión de Ángel Batalla como comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana, acusado de falsear uno de los títulos con los que habría conseguido escalar de nivel como funcionario en el organismo provincial.

El portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, exigió «explicaciones inmediatas» al presidente Mompó por el «grave incumplimiento de las mínimas garantías» en el caso que ha afectado al excomisionado de la riada del 29 de octubre, que la semana pasada trató de suicidarse tras estallar el escándalo sobre su título universitario falso. Según los socialistas, las diferentes informaciones publicadas en las últimas semanas sobre el presunto engaño de Ángel en su carrera laboral pública «evidencian una cadena de irregularidades inadmisibles que podrían vulnerar principios fundamentales del Estado de derecho».

La hoja de ruta del PSOE pasa ahora por tratar de «clarificar» si ha existido «o se ha urdido» un plan desde la diputación «para destruir al adversario político vulnerando las garantías constitucionales». Para ello, pedirá un informe jurídico sobre el cumplimiento estricto de la Ley de Antifraude y para confirmar si la entidad cumplió con todas las garantías legales desde que se recibió el expediente.

Ángel, que fue alcalde de la localidad valenciana de l'Eliana durante casi veinte años, dimitió el pasado 31 de julio de todos sus cargos después de que la Agencia Valenciana Antifraude desvelara que uno de los títulos que consta en su expediente es «presumiblemente falso» y que no llegó a terminar sus estudios universitarios. Una investigación que sigue en curso, sobre la que el señalado apuntó que no incurrió en ninguna irregularidad para acceder a la función pública en el año 1983, ya que en aquel momento, concretó, no era necesario tener un título, sino aprobar un examen.